En el año 2017 la Asociación de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica (Adavas) recibió a una mujer adulta porque necesitaba atención psicológica por haber sufrido una agresión sexual en la infancia. En lo que va de este 2023 han sido ya 25 (22 chicas y tres varones) las que han llegado con el mismo fin, un crecimiento absolutamente exponencial, que la coordinadora de la entidad, Almudena Román, explica atendiendo a la mayor sensibilidad social que existe a este respecto y a un incremento de la información con estudios como el que la semana pasada publicaba la ONG Save the Children, que tras un exhaustivo análisis de 40 sentencias publicadas sobre este delito en los últimos años, afirmaba que en el 80% de los casos los agresores (en su inmensa mayoría, hombres) son conocidos de la víctima y/o miembros de su familia. En este trabajo, titulado Por una justicia a la altura de la infancia, se revelaba también que los victimarios no tenían antecedentes penales con relación a delitos contra la libertad sexual.
La evolución de las denuncias de casos, así, ha ido creciendo en las últimas décadas también en esta provincia. Si en los años 2003 y 2004 apenas llegaban a los tribunales, conforme se ha ido haciendo menor el tabú son más las sentencias que se han ido conociendo. El archivo de este periódico recoge 32 condenas por abusos sexuales a menores (incluidas las del caso Arandina y el exconcejal de Palma, el burgalés Javier Rodrigo) y en más de la mitad de los casos los abusadores son de la familia o del entorno cercano: padres, tíos, padrastros, parejas o conocidos de la madre o del padre, vecinos, cuidadores, entrenadores o docentes, que se valieron de su ascendente sobre las criaturas -en muy alto porcentaje, niñas- para acceder a sus cuerpos y violentarles. En estos veinte años no se recoge ni un solo caso en el que la agresión fuera cometida por una mujer.
Se incluye también en este listado, abusos a mujeres con discapacidad, que penalmente tienen un castigo parecido, y relaciones consentidas con menores porque, a pesar de que los juristas no solo lo advierten en sus sentencias sino que lo recuerdan cada vez que hacen divulgación sobre el particular, mantener una relación sexual con una persona por debajo de los 16 años es delito. Cuando los agresores no han pertenecido al entorno de la víctima, el modus operandi ha sido ganarse su confianza a base de regalos o de juegos para cometer tocamientos e incluso penetrar a los menores.
Save the Children destaca cómo la aprobación de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia supone un cambio de paradigma y pone el foco en la prevención para terminar con los abusos contra niñas y niños que engloban diversas conductas y actos sexuales y tienen consecuencias emocionales, sexuales y sociales a corto y a largo plazo para las víctimas.
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