Siete años lleva Mauricio Muñoz al frente de la Audiencia Provincial de Burgos, los dos últimos sin elecciones de por medio debido al veto que pesa sobre el Consejo General del Poder Judicial para hacer nombramientos. No obstante, este magistrado con casi treinta años de carrera y profesor de Derecho Civil en la UBU, anuncia que «es probable» que se presente a la reelección cuando toque.

Empecemos por lo más actual. ¿Cómo está afectando la huelga de letrados de la Administración de Justicia al funcionamiento de los juzgados y de la Audiencia?
Está teniendo incidencia pero todavía no puedo evaluar en qué medida está afectando a los juzgados de Reyes Católicos. En la Audiencia, de los tres letrados solo uno -el de la sección tercera- ha ejercido el derecho de huelga y de manera intermitente, porque hay servicios mínimos. Las otras dos secciones han funcionado con total normalidad. En segunda instancia el paro tiene menor repercusión porque hay menos vistas, solo en la sección penal podría haber tenido más incidencia, pero como su letrado no ha hecho huelga no se ha notado.

¿Estarán llegando menos asuntos y recursos?
En la medida que las notificaciones de las resoluciones se realizan por el letrado sí se produce cierta paralización en los procedimientos. Pero vamos a ver qué duración tiene la huelga y qué intensidad. Es pronto para evaluarlo.

¿Se ha recuperado el ritmo de trabajo después de la parálisis que provocó la pandemia?
Sí. Hace meses que se trabaja con normalidad.

¿Cómo están de personal las distintas secciones de la Audiencia?
En las secciones civiles la composición (presidente más dos magistrados) está adaptada a la carga de trabajo y se trabaja con normalidad. En la sección penal se jubila una magistrada cuya plaza se cubrirá por concurso. Pero hasta entonces hemos solicitado un nombramiento en comisión de servicios con relevación de funciones para reforzar la sección, porque además tienen un problema con los señalamientos que se podría ver agravado con esa jubilación. Esta es una medida coyuntural, pero, además, pedimos la creación de una plaza más, para que la sección tenga seis magistrados.

Los juzgados penales han estado reforzados con tres jueces, pero estos ya han tomado posesión. ¿Qué medidas habría que tomar para agilizar el trabajo en unos órganos con mucha carga de trabajo y que señalan a entre 9 y 12 meses vista?
La jurisdicción penal ha visto aumentada su carga de trabajo con causas más complejas, con pluralidad de acusados, lo que amplía la duración de los juicios. Por tanto, retrasa la capacidad de respuesta respecto a un procedimiento más sencillo. El refuerzo que se utilizó con los jueces pendientes de destino era una medida coyuntural para ayudar los magistrados a reflotar el retraso que se venía produciendo por la carga de trabajo que sufrían. Pero con esa ayuda ahora tienen un funcionamiento razonable y a un ritmo aceptable. Si se viera que la carga de trabajo es excesiva de forma mantenida habría que pensar en una medida más definitiva, como la creación de otro órgano. Pero eso ahora no lo puedo evaluar. Y quizá esa competencia le corresponda más a la jueza decana, que valore los datos y eleve una propuesta para ser evaluada por sala de gobierno del TSJ.

Pedimos un juez más de penal en la Audiencia y un equipo psicosocial en Familia» 

El refuerzo en la jurisdicción social no logra aliviar el volumen de asuntos en los tres juzgados burgaleses. ¿Qué hay que hacer para que el Ministerio cree el cuarto, después de lustros de pedirlo?
Tenemos la obligación de valorar las necesidades y solicitar juzgados, pero no tenemos la competencia decisoria, que primero corresponde a los órganos de gobierno de juzgados y tribunales (TSJ y Consejo General del Poder Judicial), pero el que finalmente determina qué necesidades de planta son más urgentes es el Ministerio de Justicia. La planta judicial está por debajo de la media europea, pero al final son el Ministerio de Economía y Hacienda y el de Justicia los que deciden a dónde destinar el presupuesto.

Lo curioso es que Burgos había reclamado el cuarto de lo social y el Ministerio decidió crear dos diferentes, ambos de primera instancia, el segundo especializado en familia.
Esa decisión es de quien la toma no de quienes hacemos la evaluación de necesidades.

¿Considera que debe haber en Burgos un segundo juzgado de lo mercantil?
No tengo especial noticia de que sea así. Tendría que ver lo que dice la jueza decana. Pero por lo que nos llega a la Audiencia, el número de recursos es bastante bajo. No es índice de que en el mercantil haya un exceso de actividad. 

Y el segundo juzgado de Familia nació cojo en Burgos, sin equipo psicosocial. ¿Así resulta imposible sacar adelante la cantidad de procedimientos que se acumulan en este órgano?
Es una necesidad que he expresado reiteradamente y este año he vuelto a pedir la llegada de otro equipo psicosocial de familia. El número de procedimientos en este orden han aumentado, en especial los procesos de divorcio y separación. En cuanto hay hijos menores, es habitual la petición de informes psicosociales, lo que exige un trabajo muy grande. Tener solo uno está retrasando el procedimiento, porque hasta que no se emite el informe el proceso no puede avanzar, lo cual tiene una repercusión muy importante en las partes, que esperan una dictamen rápido en una materia que ha de ser de resolución urgente y prioritaria. De ahí nuestro interés en que ese equipo sea creado. Existiendo un nuevo órgano parece lógico que tenga su propio equipo de forma permanente, sin depender de refuerzos temporales.

Aranda y Miranda también reclaman un tercer juzgado de primera instancia e instrucción.
Su carga de trabajo es bastante notable. El problema principal en la provincia es la movilidad de jueces y funcionarios, lo que origina una inestabilidad en las plantillas. Es habitual que lleguen jueces de reciente ingreso a los pueblos y permanezcan poco tiempo, con excepciones, porque existe la posibilidad de pedir el mantenimiento en el órgano sin conseguir el ascenso. Lo frecuente es que haya mucha movilidad de jueces, de letrados de la administración de justicia y de funcionarios, lo cual no propicia la agilización de los procedimientos sino que los dificulta. Este es un problema añadido. La planta en los juzgados de pueblo es un tema controvertido. Por un lado está la línea de ir hacia la creación de los juzgados de instancia, con concentración en capitales de provincia y poca descentralización y, por otro, la vía contraria, de descentralizar. Hasta que no se defina el modelo no sabemos a dónde ir. Y luego está el problema de la arquitectura judicial, porque las dependencias de los pueblos en ocasiones no tienen espacio para asumir nuevos órganos. Sin espacio físico hay dificultades para crear nuevos juzgados. 

Precisamos más informáticos; el expediente digital deja hoy mucho que desear»

¿Eso sucede en Aranda y Miranda?
No tengo un estudio concreto, pero tienen limitaciones. Se han hecho obras mejoras a lo largo de los años para habilitar espacios pero no sé si hay un estudio hecho para saber si tienen capacidad para asumir un tercer órgano en los dos. 

La ley de eficiencia organizativa mantendrá los partidos judiciales y creará las oficinas judiciales en los ayuntamientos, para sustituir a los juzgados de paz. ¿Qué va a suponer, es un mero cambio de nombre a los juzgados de paz?
Habrá que ver cómo se quiere implementar ese diseño y ver si va a ser eficiente. Los ayuntamientos tienen que ceder espacios... Supone un cambio organizativo que a ver cómo se puede estructurar. No tengo referencias concretas para valorar.

¿Está de acuerdo con que los partidos judiciales se mantengan tal como hoy, con sus juzgados en las cabeceras de demarcación?
Es un tema de modelo. Por las posibilidades de movilidad que hay hoy en día para ir de un sitio a otro por el territorio y por las veces que un ciudadano acude a la Justicia a lo largo de su vida se puede justificar que podamos centralizar en la capital de provincia todos los órganos porque nos permite distribuir día a día las necesidades globales de toda la provincia. Pero está la otra parte, la de la necesidad de combatir la despoblación atendiendo las peticiones de los municipios, teniendo en cuenta que ya tenemos la infraestructura descentralizada, que se puede mantener. 

¿Con qué modelo está más de acuerdo?
Quizás con un modelo mixto. Mantenerlo en los partidos cuya carga de trabajo justifica la existencia descentralizada del órgano. Y en los que no hay una carga que justifique todo ello y que nos obligue a una interinidad constante del personal -lo cual repercute negativamente en el propio partido- que pueden integrarse en otra demarcación.

¿En Burgos qué partidos tienen menos carga de trabajo y serían susceptibles de desaparecer?
Yo en eso no entro. Esa evaluación no me corresponde hacerla a mí.

El expediente digital siguen dando problemas. ¿Qué cambios o mejoras debe implementar el Ministerio para facilitarles el trabajo?
Debemos tener una atención informática directa en los edificios judiciales. Tenemos informáticos pero no son suficientes. Dependemos de la informática con el expediente digital, que debe ser eficiente, ágil y que permita el trabajo diario sin interrupción. Necesitamos más personal en el día a día, porque el funcionamiento del expediente hoy deja mucho que desear. La dotación de informáticos es escasísima para atender a toda la provincia. El expediente original se está mejorando, pero quizá haya que ir un nuevo. Los retoques lo mejoran, pero causan muchas incidencias -incluso la caídas del sistema- de manera que habría que crear uno nuevo.

La elección de los miembros del Consejo por los partidos  es ineficiente; deben ser elegidos por los magistrados»

¿Es imposible trabajar sin papel?
El expediente digital ha sido muy eficaz, sobre todo en pandemia, que nos ha permitido seguir celebrando juicios de forma telemática de manera satisfactoria. Pero no se puede prescindir del todo del papel, porque te permite un estudio más en profundidad del detalle, te permite subrayar, buscar lo esencial en los argumentos que se te ofrecen o la localización de documentos de forma rápida. 

En parte usted continúa en el cargo por no haberse renovado el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué opina de que los partidos mantengan el bloqueo más de cuatro años después?
Es una anomalía muy importante, no para los cargos en los que no se produce jubilación, porque ahí funciona con normalidad. Yo estoy en mandato y con plenitud de ejercicio de funciones. Hasta que no se produzca la renovación no hay ninguna anomalía en cuanto al funcionamiento de este tribunal. Desde el punto de vista personal, lo deseable es que se cumpla la ley y que se hagan las renovaciones. Pero como al consejo se le ha quitado la competencia por parte del parlamento no puede hacer designación de los cargos judiciales. Las situaciones más graves se producen en los casos de jubilación, porque esto sí incide en el funcionamiento del tribunal. 

¿Está de acuerdo con el actual sistema de elección del Consejo?
La mayoría de la carrera judicial, entre los cuales me integro, somos partidarios de que los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos por jueces y magistrados. Es una petición reiteradísima. El hecho de que el Consejo no haya sido renovado en cuatro años es prueba de la ineficiencia del sistema de elección basado en el acuerdo entre partidos.

¿Se presentará a la reelección?
Lo valoraré en el momento en que se convoque la plaza. Es probable que sí, pero la decisión no la anticipo. Creo que cuento con el apoyo de mis compañeros de la Audiencia, que es lo prioritario. 

¿Qué opina de las declaraciones de una parte del Gobierno calificando de machistas a los jueces que han reducido penas a condenados con la 'ley del sí es sí'?
No comparto esas generalizaciones, que son siempre equivocadas. No podemos valorar a un colectivo con una serie de adjetivos. Los jueces estamos para cumplir la Ley. Cuando la mayoría de los jueces, valorando caso a caso, han decidido aplicar rebajas no justifica un calificativo general. Puede gustar o no gustar, pero establecer un adjetivo para toda la carrera judicial es equivocado.