Desde comienzos del mes de octubre más de 13.000 personas han llegado a las costas de las Islas Canarias en cayucos. Las llegadas masivas de inmigrantes irregulares al archipiélago han agravado en las últimas semanas una situación crónica; en lo que va de año se cifra en 28.000 personas las llegadas irregulares a Canarias que vive una situación permanente de crisis, agravada en picos como el que se viene registrando a partir del mes de junio.

Se trata de una realidad que, obviamente, no puede afrontarse desde el archipiélago con sus recursos, máxime si se tiene en cuenta que la mayoría de las llegadas se producen a la isla de El Hierro que, con una población media de apenas 11.150 personas, se ve obligada a afrontar una compleja situación interna por la entrada constante y masiva de subsaharianos.

La extraordinaria envergadura del fenómeno de los flujos irregulares de inmigración se manifiesta, por ejemplo, en los datos de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife que ha abierto este año 1.809 procedimientos para determinar la edad de menores migrantes que han llegado solos al archipiélago canario, una cifra que multiplica por diez los expedientes abiertos en todo el año pasado.

La inmigración irregular es un problema global que traspasa las fronteras nacionales, pero para el que, hasta la fecha, apenas existen más que soluciones locales, en una materia que es un asunto de Estado.

Sin embargo, las soluciones de emergencia que desde el Gobierno en funciones se han intentado dar en las últimas semanas han trasladado preocupación a las comunidades autónomas. El ejecutivo está enviando inmigrantes irregulares a diversas regiones, sin la más mínima comunicación a las comunidades acogedoras. Es cierto que las soluciones no pueden pasar por mantenerlos en unas Islas Canarias que se están viendo totalmente desbordadas, pero la salida tampoco puede ser la falta de transparencia en una gestión que ha supuesto ya el traslado a varios territorios de entre 5.000 y 6.000 personas.

La torpe actuación que desde el Gobierno en funciones se está haciendo de esta crisis ha motivado las quejas de varias de las comunidades afectadas. Madrid, Extremadura o Andalucía han mostrado abiertamente su malestar contra la forma de gestionar unos traslados que se conocen cuando son ya hechos consumados, obviando que las comunidades autónomas son parte del mismo Estado que las lleva a cabo.

No obstante, ni siquiera la manifiesta falta de habilidad del ejecutivo para manejar tanto la crisis como los traslados, puede justificar algunas de las expresiones que estos días se han utilizado desde diversas instancias. No hay que perder de vista que se trata de una crisis humanitaria y que, en ningún caso, se puede culpabilizar a quienes son, en realidad, víctimas.