La agricultura y la ganadería nunca habían tenido tanto peso en el panorama político como actualmente. La realidad de quienes producen alimentos para el resto de la sociedad es mejorable en la mayor parte de las ocasiones, e incluso crítica en algunas otras. Eso, unido a la demostración durante la pandemia de que se trata de un sector esencial para la sociedad, ha hecho que las gentes del campo se dejen oír (más de medio millón de personas se reunieron en Madrid el 20 de marzo del año pasado) y que los políticos, al menos antes de la generales, hagan como que les escuchan.

Con la campaña electoral ya a pleno rendimiento, los partidos han dado a conocer sus programas, con diversas propuestas en esta materia que dejan entrever el modelo agroalimentario que defienden para España. En esos documentos tocan algunos aspectos especialmente sensibles como la defensa de las explotaciones familiares o la limitación de la protección del lobo.

Así, el PSOE se ha comprometido a impulsar una nueva Ley para apoyar la Agricultura Familiar si continúa en el Gobierno, para actualizar la definición de productor a tiempo parcial o total y precisar aspectos sobre la titularidad compartida entre hombres y mujeres, según adelantaba hace unos días el actual ministro del área y cabeza de lista por Córdoba, Luis Planas. Entre los planes de esta formación también figura consolidar las «mejoras» en la regulación de la cadena alimentaria -con ley reformada en esta legislatura-, en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y a la maquinaria.

El Partido Popular, al que las encuestas dan como favorito para la victoria en los comicios, promete que flexibilizará el calendario de aplicación del Pacto Verde Europeo, que está recibiendo numerosas críticas por parte del sector en los últimos tiempos. Además, se compromete a rebajar la protección al lobo, devolviéndolo a la situación de la que gozaba antes de su inclusión en el listado LESRPE hace casi dos años; también este ha sido un tema espinoso para los ganaderos desde 2021 hasta hoy. En materia de seguros agrarios, los populares planean incorporar a los planes el riesgo de pérdida de ingresos y la cobertura del riesgo por la sequía hidrológica en la agricultura de regadío.

Todo esto se complementa con otra treintena de medidas dirigidas al sector. Entre ellas, coincide con el PSOE en el objetivo de prestar un apoyo especial a la agricultura familiar en el marco de una nueva ley y favorecer el tan necesitado relevo generacional en el campo, simplificando trámites o anticipando ayudas.

Las propuestas de Vox, que ha hecho bandera del mundo rural, buscan garantizar la soberanía agroalimentaria española y fortalecer el mercado interno europeo ante las importaciones procedentes de terceros países y la desventaja de los productores locales por la disparidad de criterios que existe a la hora de dejar entrar esas producciones en suelo comunitario. El partido de Santiago Abascal quiere, además, aligerar la condicionalidad medioambiental de la Política Agraria Común (PAC) que «criminaliza» a los profesionales del sector. Y aboga por que sean los españoles quienes decidan sobre las cuestiones que les afectan directamente, en contraposición a las normativas procedentes de la Unión Europea.

Sumar, por su parte, considera que cualquier habitante del mundo rural debe tener acceso a los servicios básicos en menos de 30 minutos. La recién nacida plataforma que lidera Yolanda Díaz plantea la iniciativa Territorio 30 minutos, que representa la posibilidad de disponer de servicios esenciales, desde un cajero automático hasta acceso a internet, en menos de media hora, para lo que hace falta poner en marcha una estrategia que pasa por un transporte público y colectivo al alcance de cualquier persona. Por otra parte, ante la falta de rentabilidad de las explotaciones familiares, Sumar propone un cambio de modelo productivo donde los agricultores sean los «protagonistas» y participen en la definición de lo que llaman una «transición agroecológica» que les permita enfrentar el futuro «con garantías» y hacer frente al cambio climático, empleando los fondos de la Política Agraria Común con ese objetivo.

Aún queda poco más de una semana de campaña para saber cuál de estas medidas son las más usadas por los candidatos, a los que quizá se podrá ver en el campo o en los pueblos, tal y como viene sucediendo en las últimas citas con las urnas.

Las sugerencias de COAG.

En las últimas semanas, las organizaciones agrarias están planteando iniciativas a los partido políticos para que las tengan en cuenta en sus programas electorales y las lleven a la práctica en caso de gobernar tras el 23-J. COAG ha sido la última de ellas, con un documento en el que presenta a los partidos políticos 100 medidas para proteger a la «clase media agraria de la uberización del campo español».

«La producción agraria actual se está viendo alterada de forma radical por una serie de motores ajenos y propios que pueden desembocar en la desaparición del modelo social y profesional de agricultura. El valor de lo que producimos no llega a quienes lo producimos. La cadena no genera valor para el agricultor, más bien lo destruye con la intención de hacer desaparecer a las explotaciones familiares: nos llevan a la ruina y somos reemplazados por grandes extensiones e inversiones especulativas con otra filosofía de funcionamiento. La rentabilidad no asegura el relevo generacional y agrava el problema de abandono del sector y despoblación del medio rural», subraya Miguel Padilla, secretario general de COAG, al tiempo que ha avanzado que el Gobierno que se constituya tras el 23-J deberá posicionarse ante una cuestión crucial: «¿la tierra y el agua en manos de fondos de inversión especulativos o de pequeños y medianos agricultores y ganaderos profesionales que generan vida en nuestros pueblos y vertebran el medio rural de forma sostenible?».

El documento de la organización, disponible en coag.org, muestra tres líneas de actuación estratégicas que sintetizan la base de las 100 medidas. En primer lugar reclaman unos precios justos y unas rentas dignas para los hombres y mujeres del campo, algo que pasa por «recuperar el principio de preferencia comunitaria frente a las importaciones sin control que no cumplen las normas comunitarias». También exigen disponer de un período de adaptación para asumir los importantes cambios que se producirán en los próximos años, con un apoyo importante tanto en ayudas como en inversiones, formación y asesoramiento. Además, plantean un abanico de actuaciones en lo que concierne a los costes de producción, cuya tendencia al alza ha reducido la rentabilidad del sector los últimos lustros.