El Consejo General del Poder Judicial tiene su renovación encallada y sin perspectivas de desbloqueo en plena vorágine electoral del 28-M. Una situación límite en la institución que suma ya 80 sillas vacías: 22 en el Supremo, 33 en Tribunales Superiores, 24 en Audiencias Provinciales y una en la Audiencia Nacional.
Esta cifra se alcanza con la jubilación del magistrado Miguel Colmenero de la Sala de lo Penal del Supremo, que hasta ahora era la única que permanecía indemne en el Alto Tribunal, donde el panorama es especialmente complicado en lo Social y en lo Contencioso.
Comparada con estas salas, los efectos de la salida de Colmenero son más testimoniales que prácticos en el ámbito Penal, con una entidad compuesta por 15 magistrados, más aún cuando es común que pase un tiempo cuando se produce una vacante antes de que el Poder Judicial haga el nombramiento. Pero esto no ocurrirá ahora.
¿Ciencia ficción o terror?
Esto es así, primero porque no hay expectativa alguna de renovar el Consejo General del Poder Judicial en pleno arranque de la precampaña electoral de los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo, y menos aún después, con las generales a fin de año. Y segundo, porque sigue en vigor la ley impulsada por el Gobierno que prohíbe al máximo órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos cuando está en funciones, en este caso desde diciembre de 2018.
«Antes, el panorama era desolador, ahora uno se queda sin palabras», afirma un magistrado que se pregunta «si la situación es digna de una película de terror o de ciencia ficción».
Y eso que las cifras solo pueden dibujar un porvenir más catastrófico. «El problema no es saber que uno está mal, sino que mañana estará peor», explica otro magistrado, siendo consciente de que las futuras jubilaciones en la alta judicatura agravarán aun más el problema y sus consecuencias porque, como ha ya advertido el Supremo, «a menos jueces, menos resoluciones».
Menos sentencias
El Alto Tribunal estima que en 2023 solo en las dos salas más afectadas por las vacantes, que son la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, se dictarán unos 1.230 fallos menos (570 en Contencioso y 660 en Social), «con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone», y con el considerable retraso en miles de sentencias que abocarían al «colapso» de ambas salas.
Las cifras hablan por sí solas. Una docena de vacantes en lo Contencioso, cinco en lo Social, dos en lo Militar, dos en lo Civil y una más en lo Penal, casi un 30 por ciento en total, según datos facilitados por el propio órgano de gobierno de los jueces en España.
A la utopía de un acuerdo político entre los dos grandes partidos (PSOE y PP) y el limitado margen de maniobra del Poder Judicial para resolver la cuestión se suman ahora las discrepancias en la institución para presionar al Legislativo o explorar otros caminos.
Sin vías alternativas
El pasado febrero, un Pleno extraordinario del Poder Judicial que se convocó para tratar únicamente el «grave» problema del Supremo no logró sacar adelante ningún plan, ni el planteado por la Comisión Permanente ni el texto alternativo de dos vocales.
La propuesta de la Permanente urgía al legislativo a renovar el Consejo o, de lo contrario, le instaba a devolverle las competencias para hacer nombramientos, mientras que el plan B solicitaba a las Cámaras que se habilitara al órgano de los jueces para efectuar los nombramientos discrecionales que permitan cubrir, a propuesta motivada del Tribunal Supremo, el mínimo de vacantes necesario para garantizar el normal funcionamiento de sus distintas salas.
Más reciente fue el órdago planteado por el vocal progresista Álvaro Cuesta a sus compañeros de grupo para que dimitieran de sus cargos y forzaran así la renovación del Consejo, una propuesta que causó malestar entre los vocales progresistas por las formas que empleó y sin consultarlo previamente. No salió adelante.
En cualquier caso, la renovación no acabaría de inmediato con el problema, pues aún pasarían meses hasta convocar las plazas y culminar los nombramientos, una cuestión que, además, exige tiempo y largas sesiones de debate antes de completarse.