La relación del ciudadano con la Administración pública se ha visto notablemente alterada en los últimos tiempos. La pandemia obligó a modificar muchos de los protocolos que se venían utilizando y la utilización de las nuevas tecnologías para controlar la tramitación de las citas ha introducido nuevas variables en esa comunicación que tiene sus pros y sus contras.

Esos mecanismos han llegado a la práctica totalidad de las administraciones públicas, buscando, o al menos así se entiende, dar un mejor servicio y propiciando unas mayores facilidades a los ciudadanos cuando tienen que relacionarse con ellas. Esas herramientas, en el caso de las citas previas, hacen que en muchas ocasiones en cualquier momento se puedan tramitar esas peticiones, lo cual no deja de ser un beneficio para el ciudadano, que puede adaptar sus horarios familiares y laborales para llevar a cabo esas solicitudes. Ahora bien, con esa relación se elimina casi por sistema la interlocución personal con un operador, con lo que se impide que se puedan solicitar ciertas aclaraciones que pueden ser importantes a la hora de pedir una cita, y todo queda para el momento en que se acude a la misma, con lo que se puede asistir obviando cuestiones que podían haber sido aclaradas en caso de tener dudas.

El problema se agrava cuando esos sistemas de cita previa parecen estar permanentemente bloqueados, provocando unas molestias más que considerables en el ciudadano, que se ven obligados a llamar reiteradamente hasta conseguir que puedan realizar esos trámites y no hablando directamente con una persona, sino con una máquina. O bien deben aguardar tiempos más que prolongados hasta que son atendidos por un operador que les facilita esa cita. En definitiva, una serie de trabas que en pleno siglo XXI no parece que sean aceptables, y menos cuando desde las distintas administraciones se alardea con las medidas que se están poniendo en marcha para facilitar el acceso de los ciudadanos a las mismas.

Este hecho tal vez enmascara algunas realidades, como puede ser la falta de personal para desempeñar algunas actividades en algunos organismos oficiales, o quizá una mayor predisposición de los trabajadores para cumplir con sus cometidos.

Lo peor es que lejos de mejorar, en algunos casos parece que la situación empeora por momentos, y se olvida una máxima que debe cumplir la administración pública, y es que está al servicio del ciudadano para todo lo que necesita. Porque igual que se le exige al ciudadano que cumpla escrupulosamente con sus exigencias tributarias, a la administración se le debe exigir que actúe con la misma diligencia para atender las necesidades y los requerimientos de esas personas, y que se les trate con dedicación, con respeto, con profesionalidad y con eficacia para ver satisfechas esas expectativas que tiene cuando acude a un organismo público para resolver cualquier cuestión que se le plantee. Es lo mínimo que debería suceder en un país en el que la función pública tiene un peso vital en su estructura organizativa.