El pacto presupuestario ha hecho de árnica, pero desde que el Congreso aprobó la proposición para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil y propiciar el desalojo de okupas en un plazo de 48 horas la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, está que echa las muelas con Sánchez y la tropa socialista. Sin el menor sonrojo repite, día sí y día también, a quien quiera oírla que la ocupación ilegal, un fenómeno que casi se ha cuadruplicado en España durante la última década, no es para ella un 'problema de país'. 

Con la que está cayendo, podemos concederle a la pizpireta ministra de Trabajo pulpo como animal de compañía, pero está algo complicado. La ocupación ilegal, posiblemente no sea el principal problema nacional pero sí un auténtico drama para miles de españoles de a pie, de esa gente para la que dice gobiernan. Díaz debe saber -lo sabe, seguro- que entre los afectados por esta lacra no están solo los estigmatizados ricachones, los felones bancos ni esos fondos buitre sin cara ni corazón, sino miles de ciudadanos impotentes y desprotegidos por la ley. Ven cómo se pisotea su derecho a la propiedad, se invade y destroza su vivienda y comprueban, mes tras mes, que es casi imposible echar a los intrusos. Para más inri, tienen que hacer frente a los elevados gastos de luz, agua, gas…

Detrás de esos miles de afectados no hay partidos solo víctimas de la desprotección, del desamparo y de la desesperación. Como en el caso de los desahucios, hay demasiada gente sufriendo y padeciendo, ante unas leyes con más lagunas que Neila, ineficacia policial frente a esas mafias okupas, una pasmosa lentitud de la justicia… Igual este 'problema de país' se comenzaría a resolver el día en que los okupas empiecen a invadir casas y chalés de políticos y gobernantes.

El derecho a la propiedad y a una vivienda digna no son antagónicos. En vez de agitar el avispero y amparar la ocupación ilegal algunos mandatarios y dirigentes deber impulsar, de verdad y no solo de boquilla, la construcción de más viviendas sociales y aumentar los parques de alquiler social. Lo demás es populismo barato.