El año pasado se dispensaron en las farmacias burgalesas casi ocho millones de envases de medicamentos con receta. En concreto, fueron 7.943.408, según datos del área de Transparencia de la Consejería de Sanidad de la Junta. Todos esos fármacos sumaron una factura que ascendió a 99.667.120 euros, es decir, prácticamente cien millones, lo que supone un 15,5% más que en el año 2018, hace un lustro. El aumento, tanto del producto vendido como de su coste, se ha ido incrementando año a año y en esta serie, el mayor crecimiento ha sido el producido entre 2021 y 2022, que supuso un 4,9% en el gasto y un 6,4% en el número de envases. El gasto total en 2022 de los medicamentos con receta en el conjunto de Castilla y León fue de más de 720,5 millones de euros.

Por provincias, Burgos ocupa el cuarto lugar en ambos conceptos -coste y número de envases- por detrás de León, cuyo gasto supera los 155 millones de euros; Valladolid (más de 130) y Salamanca (más de 100), pero lidera el gasto medio por receta, que está en 12,55 euros, algo que se repite desde 2018. 

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Burgos, Miguel López de Abechuco, no le da mucha importancia a este último dato ya que afirma que aunque es cierto que ocupa el primer lugar de todas las provincias, es así por apenas unos céntimos y asegura que es difícil encontrar una causa. Apunta a que quizás pueda haber un uso mayor de fármacos de mayor precio -antiasmáticos, antidiabéticos...- pero añade que es difícil saberlo con precisión.

También destaca el hecho de que entre el año 2019 y 2020 el aumento fue de más de tres millones de euros cuando el número de recetas se incrementó en 114.000, que no sería suficiente como para justificar tal aumento del gasto: «En ese momento se incorporaron algunos cambios por los que un grupo de pensionistas, que hasta entonces pagaban el 10% del precio de sus medicamentos, pasaron a no abonar nada en función de los niveles de renta. Así que una pequeñísima subida de envases le supuso un gran incremento de gasto al sistema público»

Se refiere a que en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 se incluyó la retirada de la aportación económica para los mayores que no estaban obligados a presentar la declaración de la renta y tuvieran menos de 11.200 euros de ingresos al año, así como para los que aunque sí la presentaran tenían una renta inferior a 5.635 euros en la casilla de base liquidable general. 

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