El Gobierno de España llegará al final de la legislatura, pero las condiciones en las que lo hará no serán las más propicias para los socios de la coalición, que últimamente están exhibiendo más desencuentros de los que cabría esperar de un Ejecutivo social y progresista.

La ruptura escenificada este pasado 8 de marzo en las calles del país, y también en el Congreso de los Diputados, a cuenta de la ley del 'sólo sí es sí', no hace sino mermar las fuerzas del feminismo en la lucha por la igualdad de las mujeres, y por el avance en sus derechos.

Era de esperar que, con la proximidad de las elecciones –municipales y autonómicas primero, y generales a final de año– las posiciones se fueran distanciando entre los partidos polícos para marcar ese perfil propio que esperan votantes, acólitos y palemeros. Pero lo que no tiene sentido es que el interés electoral se imponga al interés general, de las mujeres y sus derechos en este caso, pero de los ciudadanos en general.

Este jueves hemos asistido a un nuevo encontronazo entre los partidos que componen este gobierno, PSOE y Unidas Podemos, por la Ley de la Vivienda, esperada por el simbolismo que otorga al patido más a la izquierda de la coalición. Con ella el PSOE pretende suavizar la situación generada con el 'sólo sí es sí' o con la Ley Trans, mientras que los 'morados' quieren mantener la tensión para erigirse en los verdaderos defensores de las clases más desfavorecidas.

Lejos de llegar a un acuerdo, este jueves se volvió a escenificar esa falta de consenso, o de voluntad más bien por alcanzarlo, en aras de que sea, ésta sí, una «buena ley», que conlleve una regulación efectiva de los alquileres, con limitación de precios –sobre todo en las zonas más tensionadas– y un aumento del parque público de viviendas.

De momento la propuesta de los socialistas pasa por establecer un límite temporal del 3% para la revisión de los contratos de arrendamiento en vigor durante todo el año 2024. Actualmente, esa limitación es del 2%, y forma parte del decreto especial de medidas que el Ejecutivo planteó como plan para hacer frente a la elevada inflación. Quieren que ERC y Bildu apoyen la propuesta y poder mostrar al electorado esta ley como gran acontecimiento legislativo de final de legislatura, pero la postura inicial de Podemos era prorrogar la situación actual.

No es más que 'otro' punto de fricción entre los miembros de una coalición que, como novedad en nuestro país, ha tenido más desencuentros que han empañado toda una gestión en una legislatura nada fácil de afrontar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablaba de barcos y patrones el otro día en el Congreso. Este barco de la coalición puede que siga navegando, pero los daños en el casco por las disputas entre capitán y contramaestre serán irreparables.