La contribución de los ciudadanos y empresas de la capital ribereña con sus arcas públicas ha sufrido un incremento paulatino en los últimos ocho años que se ha traducido en una recaudación para este año de dos millones de euros más que la registrada en 2015. Desde los 12,6 millones que se consignaban en el Presupuesto del Ayuntamiento de Aranda de ese año en el capítulo de impuestos indirectos, la cifra ha ido variando al alza, con algunos años intercalados de ligeras rebajas, hasta los 14,6 que reflejan las cuentas públicas para el ejercicio en curso.
Lejos de suponer esto que la presión fiscal haya aumentado para los hogares y negocios arandinos, este incremento de la recaudación vía impuestos directos se justifica en una mayor cuantía del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana, motivada por la construcción de un buen número de viviendas en sectores como el Centro Cívico, entre otros. Es por eso que el IBI de urbana, que este año será el 72,6% de todo lo que se pretende recaudar por este concepto, registra un aumento de 1,4 millones de euros en los dos últimos mandatos, pasando de 9,2 millones en 2015 a más de 10,6 millones este año.
A lo largo de este periodo, los arandinos no han sufrido un incremento de la presión fiscal en sus bolsillos, más allá de los ajustes normales en función del IPC. El equipo de gobierno, gracias a la situación saneada de las arcas municipales con una deuda más que controlada, no se ha visto obligado a incrementar estos impuestos directos para mejorar su salud económica.
De hecho, el único cambio sustancial que se ha realizado a lo largo de estos últimos ocho años fue a la baja en 2021, buscando rebajar la presión fiscal a los ciudadanos y empresas para hacer frente a la crisis económica que trajo aparejada la pandemia de la covid-19. Los cálculos estimaron entonces que la bajada del ingreso por el IBI en 2021 rondó los 450.000 euros por la reducción del tipo, que en la negociación de esta medida la edil de Hacienda, Elia Salinero, calificó de «asumible», a lo que se sumaron las distintas bonificaciones a particulares y empresas, con lo que la rebaja alcanzó los 700.000 euros, situándose en cifras similares a las fijadas en 2015. Una reducción que, una vez se dejó atrás el problema económico que supuso la parálisis del mercado hace dos años, se ha eliminado de la previsión de recaudación para los años sucesivos.
En el capítulo de ingresos por impuestos directos, se encuentra el que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que no sufre variaciones significativas en este periodo, oscilando entre los 200.000 euros consignados en 2022 a los 410.000 del Presupuesto para este año. El que ha registrado una subida paulatina es el IBI sobre los terrenos rústicos, que roza este año los 527.000 euros. A modo casi de anécdota, este impuesto hace ocho años tenía un cálculo de recaudación de solo 67.000 euros, pasando en 2016 a ser de 421.000 euros tras unos ajustes en el sistema de recaudación y puesta al día de la información catastral.
Otro de los conceptos en lo que a impuestos directos se refiere que sirve de termómetro para la salud del ámbito empresarial arandino es el que grava las actividades económicas. El abreviado IAE se mantiene casi invariable desde 2015, con una recaudación que oscila poco en torno a los 1,3 millones de euros. Este ligero cambio se traduce en que las actividades gravadas con este impuesto no se han visto incrementadas en la capital ribereña en los últimos ocho años.
El concepto que sí que ha notado un incremento, aunque no sea tan significativo como el del IBI urbano, es el relativo al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Después de llevar varios años rondando los 1,6 millones de euros, el año pasado ya se traspasó esa barrera y este año se estima que se alcanzará los 1,7 millones, por lo que en los últimos ocho años el incremento ha supuesto un 3%.
Otro ingreso, en este caso por impuestos indirectos, es el correspondiente al de obras, que sirve de espejo a la actividad del sector constructivo. De los 500.000 euros reflejados en el Presupuesto de 2015 se ha pasado a los 770.000 de este año, con un pico el año pasado en el que este concepto supuso 1,2 millones a las arcas públicas.