El pasado jueves 6 de septiembre el Congreso de los Diputados aprobó el real decreto a través del cual se recuperaba en España la universalidad de la sanidad cercenada desde 2012 -en plena crisis económica- por otra norma del mismo rango aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy que decía buscar la sostenibilidad del sistema a través de, entre otras medidas, la exclusión de los inmigrantes sin papeles de la atención sanitaria. Realmente, esta medida ya se había aprobado en julio en el Consejo de Ministras y lo que hizo el Congreso el jueves de la semana pasada fue ratificarla. Como consecuencia de aquel recorte -del que ahora se hubieran cumplido seis años- muchas personas en situación administrativa irregular dejaron de acudir al médico aun cuando sus dolencias fueran graves, según explicaban desde las organizaciones que les dan soporte, y cada vez que una de ellas acudía a las urgencias del Hospital Universitario de Burgos se le ponía por delante la firma un compromiso de pago de los servicios que iba a recibir. Sintomático fue el caso -del que se hizo eco este periódico- de un joven latinoamericano con VIH y sin ingresos al que en 2013 el HUBU le facturó 14.315 euros por un mes de ingreso, una cantidad que a través de la mediación de las ONG con la Consejería de Sanidad se quedó sin pagar.
Esta casuística ya se ha superado en Castilla y León debido a que la Junta se adelantó al Gobierno de Pedro Sánchez y el 12 de junio aprobó una resolución de la Gerencia Regional de Salud para garantizar formalmente la atención sanitaria a la población inmigrante en situación irregular. De forma inmediata, la Consejería de Sanidad envió instrucciones a todas las provincias para poner en marcha el denominado Programa de Asistencia de Carácter Social, la Gerencia de Atención Primaria de Burgos comenzó a gestionarlo, organizó una reunión con todas las entidades sociales de apoyo al inmigrante y desde julio ya se están emitiendo no tarjetas sanitarias sino documentos que acreditan que esas personas inmigrantes sin situación administrativa regularizada están en la bolsa de asistencia sanitaria, según explicó María José Pereda, técnica de Salud Pública de la Gerencia y coordinadora de la Comisión Sociosanitaria de la Junta.

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