Las incapacidades permanente y temporal, así como la revisión de los grados, generaron el pasado año 497 contenciosos judiciales contra la Seguridad Social en Burgos, cifra que mantiene un progresivo incremento tras el parón judicial de la pandemia. En el 54,12% de las sentencias, el fallo ha sido favorable a la Administración y contrario a los intereses del trabajador.

El balance del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social de 2022 confirma las enormes tensiones que se producen a la hora de reconocer o no una incapacidad por una enfermedad común, profesional o por un accidente que impiden el normal desarrollo de una vida laboral.

El organismo público es inflexible, prueba de ello es que las pensiones de incapacidad permanente reconocidas en Burgos afectan hoy a 4.816 trabajadores, una cifra que, salvo pequeñas alzas puntuales, se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años. 

Los sindicatos denuncian que la vía judicial se ha convertido en el único y último recurso de muchos trabajadores para ver reconocida una prestación que compense los ingresos laborales perdidos en estas circunstancias críticas. Esta alcanza actualmente los 1.243 euros al mes de media, cifra que se eleva hasta los 2.480 euros en el caso de gran invalidez (cuando el trabajador necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida) y que se rebaja a los 869 euros en el caso de una incapacidad permanente total no cualificada, en la que puede desarrollar otra profesión diferente a la habitual.

Pese al aumento de demandas judiciales, la mayoría de los trabajadores afectados opta por no recurrir a esta vía por motivos económicos. «Para acudir al tribunal ordinario para que se reconozca una prestación hay que documentar el estado de salud con un informe médico privado que corre a cargo del demandante, esta es la realidad. Han agotado todos los plazos posibles, no hay manera de acelerar las pruebas en la sanidad pública y la única solución es pagar 800 o 1.000 euros a la sanidad privada», denuncia Pablo Dionisio Fraile, secretario provincial de UGT.

«No podemos tener a los trabajadores con problemas de salud agotando plazos, esperando pruebas en la sanidad pública necesarias para pasar un tribunal médico», lamenta el representante sindical, quien añade que estas bajas de larga duración son asuntos que habitualmente se están abordando en los servicios jurídicos de los sindicatos. «Estamos viendo una indefensión clara para el trabajador».

Fraile recuerda que estas personas arrastran dolencias que han truncado la normalidad de su vida laboral y que, en algunos casos, son difícilmente demostrables si no hay prueba médica concreta.

Tipos. Los contenciosos judiciales por incapacidades permanentes han pasado de los 185 antes de la pandemia (en 2019) a los 341 del 2021, lo que supuso un incremento del 84% atribuido al parón judicial que se produjo por la crisis sanitaria. El pasado año se contabilizaron 267 litigios, de los 140 terminaron de forma favorable para la Seguridad Social. Por lo que respecta a las incapacidades temporales, los juicios han pasado de los 200 previos a la pandemia a los 234 en 2021 y a los 217 el pasado año.

También crecen las denuncias para las revisiones de los grados de incapacidad, de 10 en 2019 a 28 en 2021 a las 13 del pasado ejercicio, según lo recoge la estadística anual del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, publicada recientemente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

A estos datos hay que sumar 214 recursos de suplicación en incapacidades permanentes y otros 46 en temporales.

Estos litigios se inician cuando se agota el tiempo máximo de 365 días (más 180 días excepcionales) de una baja laboral, de una incapacidad temporal, y los equipos de evaluación de incapacidades (EVI) de la Seguridad Social proponen, de acuerdo con un informe médico y los antecedentes, el alta al interesado o bien pasar a uno de los cuatro tipos de incapacidades permanentes.

En Burgos hay reconocidas 4.816 incapacidades permanentes. En 249 casos se consideran de gran invalidez, en 1.546 absoluta (que inhabilita para cualquier profesión). Hay 1.461 personas que tienen reconocida una incapacidad permanente total no cualificada y otras 1.545 cualificada.