De reconocido prestigio jurídico y acreditada afinidad política al PSOE son Juan Carlos Campo y Laura Díez, los dos magistrados del Tribunal Constitucional cuyo nombramiento corresponde al Gobierno, a la espera de que el caducado CGPJ nombre a los dos suyos. Y si no lo hace porque el sector conservador bloquea ese paso, tendremos un conflicto institucional, a la luz del mandato constitucional que prevé la renovación de un tercio (cuatro de doce). O sea, cuatro a la vez.
La paradoja, por no decir la anomalía, es que ha de ser el propio TC, agujereado como está, el que interprete ese precepto (artículo 159 de la CE) y diga si Campo y Díez pueden incorporarse ya al TC o han de esperar a los dos que debe nombrar un CGPJ caducado desde hace cuatro años. Ahí está el desbarajuste creado por la incapacidad del Gobierno (PSOE) y el primer partido de la oposición (PP) para consensuar la renovación de los dos órganos, tanto el CGPJ como el TC.
Sobre ese polarizado y desalentador panorama ha estallado el escándalo porque los perfiles de los dos nombramientos del Gobierno socialista son de un exministro y una ex directora general del Ministerio de Presidencia. Dos personas alineadas con las tesis de Moncloa en asuntos sobre cuya constitucionalidad ha de pronunciarse el TC (eutanasia, aborto, indultos, educación, estados de alarma...).
Eso ha desencadenado los consabidos reproches: "politización", "asalto a las instituciones", "ataques a la separación de poderes", etc. El rasgado de vestiduras no viene a cuento cuando, de entrada, el Gobierno solo se garantiza el apoyo de dos magistrados en un órgano de doce. Dos de doce. Y no parece justo ni racional proyectar la carga de la prueba (falta de imparcialidad, en este caso) sobre una sexta parte del Tribunal, ¿nada que decir sobre las otras cinco, que representan la voluntad ponderada del Congreso (4) el Senado (4) y el CGPJ (2)?
A Campo y Díez les sobra idoneidad. Un magistrado de la Audiencia Nacional y una reconocida constitucionalista con más años de ejercicio profesional de los exigidos en la normativa habilitante. Lo demás es estética, voluntarismo o procesamiento de las intenciones de Sánchez, que son un secreto a voces, pero se agotan en sí mismos si los nombramientos se ajustan a las formalidades previstas en la normativa legal.
Esos procesos de intención a veces van demasiado lejos. Y no me refiero tanto a los de naturaleza política, como los que habitan la mente de Pedro Sánchez, Va en su sueldo que le acusen de personalista, mentiroso o de asaltar las instituciones para seguir en el poder. Pero que Campo y Díez tengan que escuchar que actuarán por "obediencia debida" me parece intolerable.