Nuevo capítulo de los enfrentamientos entre la Consejería de Empleo y los sindicatos de Castilla y León. En esta ocasión, CCOO y UGT acusaron a Mariano Veganzones de saltarse la legalidad por haberles ofrecido una subvención de 494.982,50 euros sin que exista convocatoria pública. 'Ofrecimiento' que el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, enmarcó dentro de los acuerdos del Diálogo Social y, más concretamente, en los fondos que sindicatos y patronal reciben en concepto de representación institucional. Además, fuentes de la Consejería de Empleo aseguraron a este periódico que la Dirección General de Trabajo había procedido a informar a CEOE, UGT y CCOO de los importes que deben solicitar para poder tramitar las subvenciones directas con la finalidad de fomentar la participación institucional regulada por la ley 8/2008, en los que se enmarca la denuncia sindical. De hecho, según la Consejería, CEOE ya ha solicitado esta subvención, que asciende a 989.965 euros, y ha comenzado su tramitación.
Desde el lado de los representantes de los trabajadores explicaron que habían recibido esa propuesta del director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y subrayaron que se han dirigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que retire este «ofrecimiento espurio». «Con una mano recorta los recursos incumpliendo la ley y acusando a los sindicatos de ser chiringuitos ultra subvencionados, y con la otra mano, ofrece subvenciones injustificadas al margen de la legalidad». UGT y CCOO lamentaron en cualquier caso que Vox utilice los recursos públicos de la Consejería de Empleo para intentar «chantajear a los sindicatos incumpliendo la legislación», puesto que no existe ninguna Orden del consejero que convoque, contemple o conceda ninguna subvención como la referida, informa Ical.
La Consejería de Empleo aseguró a este periódico que la subvención que denuncian los sindicatos que se había ofrecido sin publicidad venía dentro de la Ley de Presupuestos de la Comunidad, que consignó para 2023 un importe de 1.979.930 euros a repartir entre patronal y sindicatos, siguiendo los criterios de participación. «El presupuesto se distribuye al 50% para las organizaciones empresariales y 50% para las organizaciones sindicales. Así, corresponden 989.965 euros a CEOE, 494.982,50 euros a UGT y 494.982,50 euros a CCOO». En cualquier caso, insistieron en que siguen trabajando en «la reducción significativa del gasto institucional superfluo y supresión del gasto público ineficaz», y recordaron que el importe destinado a la participación institucional se ha reducido un 50% pasando de 3.959.860 euros a los 1.979.930 euros repartidos ahora.
El portavoz autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, fue el encargado de salir a defender la postura del Ejecutivo autonómico tras las acusaciones sindicales, y argumentó que esos 494.982,50 euros son una subvención que no requiere de una convocatoria oficial porque se enmarca en el Diálogo Social y se conoce la composición y peso de patronal y sindicatos. Precisó a renglón seguido que las ayudas a la participación institucional del Diálogo Social «no son objeto de convocatoria», como recordó que sí ocurre en otras líneas como las de formación que se realizan por concurrencia competitiva al «no ser los únicos que pueden ofrecer ese servicio».
Contencioso-Administrativo
Tras las explicaciones del consejero-portavoz, desde la UGT regional anunciaron ayer la presentación de un contencioso-administrativo contra de la Junta para «defender sus propios intereses» en relación con la concesión de subvenciones. «Hasta este ejercicio, según la Ley del Diálogo Social y el Estatuto de Autonomía, por la participación institucional y por estar en el Diálogo Social, los agentes sociales y económicos recibíamos una cantidad económica. Eso ha desaparecido ilegalmente, desde nuestro punto de vista, en 2023», recalcó Temprano, que aclaró que el dinero que recibía el sindicato respondía a la «participación institucional», ya que los integrantes del sindicato presentes en numerosas comisiones institucionales «no perciben absolutamente nada, no cobran ninguna dieta», según informa Ical.