La negativa por parte de la Junta de Castilla y León a financiar el desarrollo de una serie de programas de orientación y prevención a trabajadores han terminado por abocar a UGT en Castilla y León a aplicar un ERE a su plantilla. Esa es la razón que esgrimen desde la sede en Valladolid del sindicato para justificar el despido de 76 de los 188 empleados de su área administrativa.

En la provincia de Burgos serán alrededor de una decena los afectados, todos ellos pertenecientes a la unión regional, ya que el grueso de la plantilla tiene contratos suscritos con las distintas federaciones. El expediente, que ya está registrado en la autoridad laboral, inicia ahora un periodo de 15 días en los que se tendrán que discutir los términos y alcanzar un acuerdo entre ambas partes. «No hemos dejado de proponer abrir las mesas de discusión o convocar, como llevamos haciendo más de 20 años, la negociación para ver cómo abordábamos los programas», lamentó ayer Manuel Carlos Martín.

El secretario de Administración en UGT Castilla y León denunció que no hay vía de diálogo abierta para tratar de recuperar proyectos como el de orientación a trabajadores en desempleo o activos, el programa de prevención de riesgos laborales o el que promovía la integración de los inmigrantes en el mercado de trabajo. «No hay otra solución», aseguró Martín, al tiempo que recordó que «todos los años se ajustaban o cambiaban aspectos del acuerdo para que siempre fuera a mejor».

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