Me refiero a la plaza de toros Ribera del Duero, un inmueble de propiedad privada, cuyo permiso municipal para su uso fue anulado hace más de un año por sentencia judicial, tras el largo proceso promovido por la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros de Aranda. El juez sentenció que no se podía utilizar la plaza. 

Es decir que, después de veinte años, paradójica y judicialmente, el edificio no dispone de licencia de primera ocupación porque las obras ejecutadas no se ajustan a lo legal. Sin la licencia de primera ocupación no vale la de apertura, dice el juez. La legalidad urbanística se incumple, aunque se ha venido haciendo uso del inmueble para distintas actividades: taurinas, carnavalescas, musicales, coches antiguos…  

O bien se reactualizan papeles e informes o bien se derriban o cambian estructuras consideradas ilegales. El Ayuntamiento no puede dejar fuera de ordenación la plaza de toros, como aprobó en 2022 para intentar seguir tirando y tampoco puede mantener la licencia de apertura hasta que las obras se amolden a la licencia otorgada en su día. 

¿Y qué hacemos? Depende de intereses. Si soy dueño del inmueble y quiero sacarle un rendimiento, me interesará ajustarme a la legalidad para obtener las licencias. Si soy Ayuntamiento interesado en utilizar la plaza para distintas actividades –los festejos taurinos, además, exigibles por convenio- me preocupará lo mismo: conceder licencias, es decir, promover o actualizar las inspecciones necesarias para reclamar al propietario del inmueble que se ajuste a lo proyectado. Quien utilice la ocultación, el atajo o la trampa, se arriesga a que cualquier ciudadano lo lleve a la justicia. Como ha sido.

Y si a nadie le interesa ni el beneficio económico o social, ni el carnaval, ni los toros, ni disponer de un edificio cerrado para actividades invernales… pues no hay que hacer nada. Dejar pasar el tiempo.