Cuenta con una dilatada experiencia como orientadora en un colegio de la capital hasta que llegó a la Universidad de Burgos y hoy en día es profesora de la Facultad de Educación. Esta psicóloga participa en la actualidad en un proyecto europeo de investigación para prevenir el acoso escolar en la formación temprana a través del empleo de la robótica, partiendo del supuesto de que «puede combatirse y, sobre todo, prevenirse, creando un entorno social y relacionar acogedor y cooperativo». Gloria Pérez de Albéniz habla desde un conocimiento profundo de esta problemática, por lo que ese optimismo científico no significa que no sea consciente de una realidad que provoca un gran sufrimiento en las víctimas.

Pérez de Albéniz comparte esa concepción generalizada de una mayor sensibilización en todos los sectores, además de que asegura que «cada vez existe más formación docente». «A convivir se aprende y, desde mi punto de vista, la situación ha mejorado», subraya, no sin añadir que este tipo de situaciones «siguen apareciendo y es necesario cortarlas de raíz con un abordaje integral». No habla de un tema «menor», puesto que a continuación agrega que «el acoso es una de las principales causas de suicidio entre los adolescentes», además de que los niños acosados pueden experimentar problemas físicos, sociales, emocionales, académicos y de salud mental. «Es responsabilidad de toda la comunidad educativa fomentar entornos de aprendizaje seguros», precisa.

El último estudio del Ministerio de Educación, conocido el pasado jueves, revela que, en el conjunto de España, uno de cada diez alumnos de Primaria indica haber sufrido bullying. Pérez de Albéniz considera que los datos estadísticos no son lo más relevante, sino el hecho de que «cualquier tipo de violencia necesita ser erradicada». Hace referencia en este punto a otros informes, aquellos relacionados con los protocolos oficiales que se aplican en colegios e institutos y «cuya valoración es positiva», si bien sostiene que esas directrices deben ser «eficaces, rápidas y ágiles».

A la hora de explicar cuáles pueden ser las señales de alerta, comenta que todas aquellas relacionadas con un «cambio significativo en la conducta del niño», ya sea el no querer ir al colegio, dolores de cabeza o estómago recurrentes, problemas de sueño, decaimiento, evitar situaciones sociales o traer el material escolar roto o deteriorado. Sin embargo, matiza de que este tipo de advertencias no se dan en todas las posibles víctimas. 

Defiende que la dotación de recursos es «imprescindible» para atajar el problema y menciona alguna medidas, como la bajada de ratios o el fomento de la inclusión educativa debido a que, según explica, «muchas conductas violentas tienen su origen en la falta de tolerancia hacia las diferencias individuales». Además, considera necesario dedicar más tiempo a la acción tutorial y contar con personal formado específicamente. 

Su proyecto de investigación se centra en la prevención y parte de la premisa de que los niños «aprenden mucho de lo que ven». En este sentido, sostiene que si socializan en ambientes donde predominan los estilos de gestión de conflictos basados en la agresividad o la violencia, estos serán los patrones de conducta que se van a repetir, y lo mismo en el sentido inverso». Por ello, aboga por una atención temprana, desde Primaria, debido a que los escolares presentan una «mayor receptividad» a la hora trata el tema del bullying que durante la etapa de la adolescencia. 

Defiende lo que denomina el lema general contra el acoso; apoyar a la víctima y reeducar al agresor, y subraya que el peligro del uso del móvil «no debería pillar ya a nadie desprevenido». Sostiene en este punto los años que los expertos llevan advirtiendo de la «supervisión parental» y califica el ciberbullying como un tipo de acoso «especialmente dañino» por cuanto la víctima no se siente segura en ningún lugar, ni hasta en su propia casa.

Como formadora de los que serán futuros maestros, la problemática está presente en las aulas de la universidad y se aborda desde distintas asignaturas con las que proporcionar herramientas para su prevención o con las que mejorar las habilidades sociales.

Protocolo a seguir

Apoyar a la víctima y reeducar al agresor

1. Para la situación 
El protocolo recogido en la Orden de la Junta -diciembre de 2021-, de obligado cumplimiento para los centros, cifra en 48 horas el tiempo máximo para intervenir en la situación bajo sospecha. Si esta se ve limitada por su gravedad, se podrán en conocimiento de instituciones y organismos competentes (Servicios Sociales como Fiscalía y Policía).

2. Medidas inmediatas
Protección y acompañamiento a la víctima anteponiendo su integridad personal y seguridad sobre cualquier otra consideración. En un máximo de 24 horas, el equipo directivo convocará una reunión con profesores y tutores del afectado, el orientador y el coordinador de convivencia. Cabe recordar que se considera acoso cuando existe intencionalidad, repetición, desequilibrio de poder e indefensión.

3. Caso confirmado
Cuando esto ocurre se pasa a una segunda fase cuyo objetivo pasa por «evitar que se repitan las conductas que lo han provocado». Primero, apoyo a la víctima, segundo actuaciones dirigidas a modificar el comportamiento del agresor y tercero hacer que los compañeros que han actuado como espectadores de la situación adopten una postura «proactiva» contra el bullying y respalden a la víctima. Además, se presta especial atención a las familias del alumnado implicado, preservando su intimidad, al igual que la de sus progenitores. El director mantendrá «puntualmente» informada a la Inspección.

4. ¿Y si no hay acoso? 
La tercera fase contempla este supuesto, que tras la investigación no se confirma el caso. Aquí, el director pondrá los hechos y actuaciones realizadas en conocimiento de las familias, motivando siempre sus conclusiones. No obstante, se estima que «es una buena oportunidad para el desarrollo de acciones de carácter preventivo dirigidas a la sensibilización y formación».