Los usuarios del autobús urbano con una discapacidad física, psíquica o sensorial de al menos un 33% tienen derecho a una tarjeta bonobús con tarifa reducida pero ese descuento no se extiende a los acompañantes que en algunos casos requieren para poder hacer uso de este medio de transporte público. Uno de esos viajeros acudió al Procurador del Común para denunciar este agravio y esta institución, encargada de la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a las administraciones públicas, le ha dado la razón y ha recomendado al Ayuntamiento la gratuidad para los acompañantes o asistentes.

El Procurador va más allá y plantea la posibilidad de integrar esa gratuidad o exención a todas las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33% que tengan necesidad de apoyo para «una movilidad personal más autónoma, cómoda y segura posible con las condiciones justificativas que se establezcan». 

En este sentido propone que el Ayuntamiento establezca una tarjeta específica que acredite ante el personal encargado del transporte público el derecho a esa asistencia o acompañamiento gratuito sin necesidad de presentar certificación u otro documento acreditativo de la discapacidad. 

La Ordenanza 218 reguladora de la tasa establece una bonificación para las personas con discapacidad de al menos un 33%, que han estado pagando 0,12 céntimos pero con la rebaja del 50% el coste se queda en la mitad, pero no prevé la posibilidad de reconocer ese descuento a los acompañantes de apoyo. El Procurador asegura en su resolución que las razones son desconocidas a pesar de haber intentado solicitar al Ayuntamiento esta información hasta en cuatro ocasiones (24 de agosto de 2022, 27 de septiembre de 2022, 9 de enero de 2023 y 30 de marzo de 2023 ), «no se ha podido obtener una respuesta a la misma».

Con independencia de ello, la institución entiende que el pago por parte de los asistentes de las personas con discapacidad puede suponer un «agravio comparativo» respecto del resto de los usuarios del transporte público, en la medida en que supone un «sobrecoste» para aquellas personas que solamente pueden hacer uso de este servicio acompañados de otra persona. «En defensa de este colectivo, debemos mostrarnos a favor de la posibilidad de establecer la gratuidad del precio del transporte público para los acompañantes de aquellas personas con discapacidad que, por sus concretas circunstancias, precisen de la ayuda de otros para hacer posible sus desplazamientos en ese medio de transporte público y, así, favorecer su movilidad con mayor autonomía e independencia».

El Procurador del Común apunta que esta situación contradice lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, el artículo 7 del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y también la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León. 

Finalmente, recuerda que son muchas las ciudades que ya han apostado por dicha gratuidad como Barcelona, Madrid, Sevilla, Vitoria, Bilbao o, Córdoba.