400.000 euros de indemnización por impedirle tirar la casa

A.C. / Villarcayo
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La Junta pagará a un vecino de Villarcayo esa cifra. El TSJ ve a la Administración responsable de las pérdidas que sufrió al no poder construir un edificio nuevo a causa de la declaración de BIC de la villa, que años después anuló la justicia

La casa del número 2 de la calle Manuel Laredo, con galerías blancas en el centro, en 2007 antes de su rehabilitación. - Foto: A.C.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha condenado a la Junta de Castilla y León a abonar a Felipe Villanueva una indemnización de 258.000 euros más los intereses de demora desde 2011, lo que eleva la cifra a cerca de 400.000 euros, por impedirle el derribo de una casa de la que es propietario en Villarcayo y la construcción de un nuevo inmueble en 2005.

La incoación en 2005 y la posterior declaración en 2007 del centro de la villa como Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Conjunto Histórico y su anulación en los tribunales en 2011 explican esta reclamación patrimonial de daños y perjuicios favorable a este abogado, que tras esta sentencia podrían perseguir otros vecinos que vieron como la Administración regional desoía sus reclamaciones de responsabilidad patrimonial por hechos similares.

Villanueva adquirió en 2005 el inmueble de la calle Manuel Laredo 2 con la intención de derribar la antigua vivienda y construir un edificio como el que existe unos metros más adelante, en el que se aprovecha todo el terreno del solar, se levanta una altura más y los bajos se elevan para dar opción a instalar negocios. En medio del boom del ladrillo, todo se vendía y todo se compraba. La operación le iba supuestamente a reportar importantes beneficios, pero tras obtener la licencia municipal de derribo y de obra en febrero de 2005 vio como apenas dos meses después, el 29 de abril, el Servicio de Cultura de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Burgos acordaba «la suspensión cautelar de las obras».

Tras ello, el 20 de mayo, el Ayuntamiento le ordenó paralizar las obras de derribo hasta que la Comisión de Patrimonio de la Junta resolviese el «incidente planteado».

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