En Quisicedo soplan vientos de tormenta. El malestar se vio claro en el puente, en que alrededor de un centenar de vecinos, veraneantes y descendientes de la localidad, junto a vecinos de otros pueblos de Sotoscueva se concentraron en protesta por las acciones administrativas y judiciales que ha llevado a cabo el concejal de IM en la Merindad de Sostoscueva, Juan Carlos Izaguirre, también vocal de la pedanía. El edil sostiene que la Asociación Cultural Nabo-Qui disfruta del uso de la antigua escuela ejerciendo «una ocupación ilegal sin documento alguno que lo avale», lo que, a su juicio, puede desembocar en una «usurpación pacífica, si nadie lo reclama en 20 años». El presidente de Nabo-Qui, Mikel Ruiz, clama un «basta ya de ataques a una asociación que solo quiere y pretende ayudar y dinamizar el pueblo».
Mientras, el alcalde pedáneo de Quisicedo y de la Merindad de Sotoscueva, José Luis Azcona, recuerda que «ningún otro colectivo ni ningún particular se han interesado por el uso del edificio» que en 1977 la junta vecinal cedió por 10 años a los mozos del pueblo. El documento de entonces no se renovó y en 1980 nació la asociación Nabo-Qui, que ha seguido disfrutándolo por un acuerdo tácito. En Quisicedo hay dos lugares de encuentro, un bar y este local, donde Izaguirre también ha denunciado en varias ocasiones que se ejerce una actividad hostelera. Ruiz lo desmiente y asegura que no hay ningún ánimo de lucro, aunque es cierto que se sirven bebidas allí.
Izaguirre también denuncia que la asociación usa el espacio «de dominio público» sin abonar alquiler alguno y lleva desde 2017 planteando esta inquietud en sucesivos plenos de la junta vecinal. Ante ello, Ruiz y Azcona destacan las importantes inversiones realizadas en estas décadas en la rehabilitación y mejora del local. Ante la falta de respuesta, el pasado septiembre presentó una demanda contra el alcalde que el Juzgado de Villarcayo admitió a trámite en marzo. Por ello, ha llamado a declarar a Azcona el próximo día 19 para responder de la denuncia de Izaguirre, quien le considera presunto autor de un delito de prevaricación administrativa por omisión, al permitir el uso del local a la asociación.
Izaguirre insiste en la inexistencia de un decreto, acuerdo de la junta vecinal u otro documento que lo avale, insta en su demanda a la desocupación del local y también afirma que está «vetada la entrada a las mujeres del pueblo o todo vecino que no sea socio»
El presidente de Nabo-Qui, quien asegura que se sienten «perseguidos cuando solo hacemos cosas por el bien del pueblo y defiende que «no prohibimos la entrada a mujeres ni a no socios. Allí solo se pide que cada socio lleve a quien quiera». Mikel Ruiz destaca que el colectivo ha colaborado muy activamente con las fiestas patronales, promovido campeonatos de bolos, ha «acogido a nuestros mayores para que desarrollen cursillos de manualidades, cocina, charlas de salud...» o también ha prestado la escuela para las clases de castellano a ciudadanos ucranianos, aprovechando los medio audiovisuales y la calefacción. Por contra, en su demanda Izaguirre reduce la actividad del local a ser un lugar de «reunión de hombres».