Todo lo relacionado directa o indirectamente con la energía nuclear genera debate. El axioma se repite una y otra vez, sea para hablar de los riesgos de las centrales, de la sostenibilidad del sistema energético o, como sucede ahora, del transporte y almacenamiento de residuos radiactivos. Y la provincia de Burgos siempre aparece de fondo.

Un informe de Greenpeace sobre el viaje que tendrán que hacer este tipo de residuos al futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) proyectado en Villar de Cañas (Cuenca) ha vuelto a dar la voz de alarma sobre la afección al territorio burgalés de un tema relacionado con la nuclear. En esta ocasión, se trata de que la ruta que llevará de Garoña a La Mancha el combustible gastado para no seguir saturando sus piscina de almacenamiento atravesará la geografía provincial de norte a sur y afectará a 44 términos municipales.

Burgos es la provincia española con un mayor número de localidades afectadas de toda España (216 en conjunto). Las rutas que llegarán hasta Cuenca no solo desde la central del Valle de Tobalina (que por sí sola afecta a 84 términos, en algunos casos con las poblaciones bastante alejadas de la propia carretera) sino también desde otras plantas nucleares en Extremadura, Tarragona, Valencia o Guadalajara.

Siempre según Greenpeace y el estudio que hizo público hace un par de semanas, si finalmente se lleva a cabo el ATC recogerá 6.700 toneladas de residuos. Para llegar a su destino, cada año partirán de su emplazamiento en alguna de las siete centrales repartidas por España 40 convoyes que tocarán en alguno momento los términos municipales de localidades, que suman más de 6 millones de habitantes. Las rutas, reflejadas con bastante detalle en la web de la organización ecologista, se basan en los estudios de impacto ambiental que fueron sometidos en su día a consultas públicas. 

La que afecta a Burgos partiría de Garoña (sea cual sea su futuro, tanto si sigue funcionando como si cierra definitivamente) y en lugar de descender el Ebro por el pantano del Sobrón se dirigiría hacia el oeste, atravesando Quintana Martín Galíndez y Trespaderne. 

Desde este punto, los camiones de residuos tomarían dirección sur hacia Oña, y ahí circularían por la N-232 hasta Pancorbo, evitando siempre carreteras secundarias. En la localidad del desfiladero tomaría la AP-1 hasta Burgos, circunvalaría la capital y continuaría por la A-1 hacia Lerma primero y Aranda de Duero después, para salir de la provincia por su extremo sur. Hasta llegar a su destino en Cuenca se tardarían más de 12 horas por carretera y 14 por ferrocarril a una velocidad media de 40 kilómetros por hora.

Como era de esperar, la publicación de esta ruta ha generado ruido entre las localidades afectadas. Más entre las del norte, acostumbradas a escuchar hablar de Garoña y a un movimiento anti nuclear más activo en sus comarcas. Por ejemplo al alcalde de Oña, Arturo Pérez, le llegó hace días la información de la ruta nuclear y la propuesta de una moción tipo para su aprobación en el Pleno. «Creemos que deberíamos estar más informados sobre los riesgos, porque aquí siempre hemos estado pendientes de la central y cuando se propuso el ATC ya presentamos alegaciones». No ha recibido, sin embargo, ningún correo electrónico de vecinos del municipio siguiendo el procedimiento que Greenpeace sugiere para movilizar a los ayuntamientos.

Sin embargo, en el sur de la provincia donde no están tan acostumbrados a tratar con los asuntos de Garoña no estaban tan pendientes. La alcaldesa de Lerma, Celia Izquierdo, no tenía conocimiento ni siquiera de que su término está atravesado por una ruta nuclear hasta que este periódico se puso en contacto con ella. «Vamos a informarnos antes de tomar una decisión sobre una moción en Pleno o una medida similar», explicaba después. «Uno siempre supone que en un transporte de estos habrá medidas de seguridad, pero los ciudadanos de a pie somos incapaces de valorarlo», apuntaba la regidora.

Como siempre sucede en estos casos, las posturas en torno a la seguridad son irreconciliables entre ambos bandos de pro y anti nucleares. Greenpeace dice que «son múltiples las irregularidades, incertidumbres y riesgos asociados al proyecto del ATC» y de hecho titula su informe sobre el viaje de los residuos nucleares como «un riesgo innecesario», pues a su juicio sería mucho más económico (1.000 millones de euros frente a 20) y sensato aprovechar los almacenes individuales creados en cada central, cuyo coste además asumen las centrales y no la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa).

Esta última prefiere no «entrar a responder a Greenpeace», pero se defiende aportando documentación que a su juicio prueba la seguridad de estos transportes. Recuerda que las rutas del combustible nuclear gastado estarán obligadas por ley a circular por la red de itinerarios de mercancías peligrosas y explica que se efectuará mediante «contenedores diseñados para resistir cualquier eventualidad, medios de transporte dotados de diversos sistemas de seguridad y conductores altamente especializados».

Enresa subraya el dato de que en el mundo se han realizado más de 30 millones de kilómetros de transportes de residuos de alta actividad y «no se ha producido incidente radiológico alguno». El recipiente especial en el que viajan consiste en un cilindro de acero con diferentes tipos de blindajes, en cuyo interior se transporta el combustible gastado.

Al contenedor se le somete a pruebas que, dice la empresa pública, «garantizan su integridad ante cualquier incidencia» y menciona la caída libre desde 9 m de altura, la caída desde 1 m de altura sobre un punzón de acero, resistencia al fuego a 800 grados centígrados durante 30 minutos, pruebas de inmersión a diferentes profundidades o ensayos de situaciones extremas como como el impacto de una locomotora a más de 130 kilómetros por hora.

Para Greenpeace esas medidas no hacen invulnerables a los contenedores y los ecologistas alertan, además, de la irradiación que generarán los residuos a su paso por la ruta, en dosis muy variadas dependiendo del tiempo de exposición, la distancia a la que uno se encuentre de los contenedores y la frecuencia de contacto. 

El dilema es eterno y tiene aún muchos años por delante. 

 

El Almacén, en el aire. Tras una largo camino de varios años, el Consejo de Seguridad Nuclear informó favorablemente el día 28 de julio sobre la Autorización Previa del Almacén Temporal Centralizado cuya ubicación está prevista en el municipio conquense de Villar de Cañas. 

Dos meses más tarde, el 24 de septiembre, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas confirmó la adjudicación del proyecto de construcción de los edificios, laboratorios e instalaciones convencionales de la instalación nuclear ATC y su Centro Tecnológico Asociado, con un importe de 718.246 euros.

Ese mismo día el Colegio de Geólogos emitía un comunicado subrayando las «incertidumbres» de esta adjudicación «sin haber terminado los estudios geotécnicos y geológicos del terreno» y con ello se sumaba a las voces críticas o dudosas sobre el ATC.

Tras el cambio de color político de la Junta de Castilla La-Mancha, ahora con un presidente socialista, el ejecutivo regional amplió un espacio protegido cercano y con ello incluyó el Almacén Temporal dentro, lo que se interpretó como una ‘guerra abierta’ contra el cementerio nuclear. Como tantas cosas, su futuro dependerá del  gobierno de España que salga de las urnas en diciembre.