El sospechoso del triple crimen pide permiso penitenciario

I.E. / Burgos
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La junta de tratamiento denegó la petición de Ángel Ruiz, condenado por asesinar a su vecina en 2011. Ha sido investigado por el triple crimen y es sospechoso de la desaparición de Shibil Angelov

Ángel Ruiz, esposado, durante un registro en Briviesca en el año 2017.

Como preso de segundo grado que ha cumplido una cuarta parte de  la pena por la que está encarcelado, Ángel Ruiz, condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su vecina Rosalía Martínez en 2011, ya puede pedir permisos penitenciarios. Y lo ha hecho. Sin embargo, la junta de tratamiento de la prisión de Burgos ha denegado su solicitud por no reunir su caso las condiciones para empezar a disfrutar de estos beneficios. Hay que recordar que este recluso, originario de La Parte de Bureba, ha sido investigado como presunto autor del triple crimen de la calle Jesús María Ordoño (la causa contra él ha sido archivada provisionalmente) y la Guardia Civil le considera el principal sospechoso de la desaparición de Shibil Angelov, vecino de Briviesca, en 2013.

Si la junta de tratamiento hubiera dado el sí podría haber disfrutado de un permiso de entre 3 y 6 días en las condiciones que hubiera impuesto la propia prisión, pero esta situación no se ha dado. La Audiencia provincial le impuso una pena de 18 años de cárcel en febrero de 2014. Pero como llevaba en prisión desde mediados de enero de 2013, cuando fue detenido como presunto autor de la desaparición de Shibil Angelov, el tiempo de permanencia en el centro penitenciario empieza a contar desde esa fecha. De manera que podrá salir de la cárcel a primeros de 2031.

Sin embargo Ángel Ruiz ya reúne algunos requisitos para poder pedir permisos de salida de prisión. Según establece la Ley General Penitenciaria, los presos de segundo grado -y él lo es- que hayan cumplido una cuarta parte de su condena -y en su caso se da esta circunstancia-, ya pueden optar a esos permisos temporales para abandonar la cárcel. Ahora bien, estas peticiones han de pasar por el filtro de la junta de tratamiento del centro penitenciario, que «suele ser reacia a atender las primeras solicitudes, sobre todo cuando se trata de reos que cumplen pena por delitos graves de sangre».

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