Los tribunales ha reiterado en varias ocasiones que la Asociación Plan Estratégico sigue sin liquidarse a pesar de que han transcurrido cinco años del cese de su actividad. El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, que preside la comisión liquidadora, tomó en julio la decisión de contratar un despacho de abogados para reanudar los trabajos para disolver la asociación. Pidió a sus socios una derrama pero ha obtenido la negativa por respuesta, de modo que el Ayuntamiento se verá obligado a aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe de 9.000 euros para contratar a Valora Asociados Asesores y luego intentar recuperar el dinero. 

La decisión la trasladó ayer el alcalde a los portavoces y hoy se ha aprobado en la Comisión de Hacienda para que el viernes se ratifique en una sesión plenaria. «La liquidación hay que hacerla y el Plan Estratégico no tiene dinero y el resto de socios no quiere aportarlo, de modo que el Ayuntamiento adelantará ese dinero para contratar al despacho de abogados que reclame a todos los socios del Plan que abonen las deudas pendientes», indicó el concejal del Hacienda, David Jurado. 

Los abogados determinarán si los socios reconocen la existencias de esas deudas. En el caso del Ayuntamiento, que fue un socio más, desde el área de Intervención han emitido hasta tres informes asegurando que la institución no tiene deuda alguna con el Plan Estratégico. «El Ayuntamiento transfería el dinero a la asociación pero no es un derecho por sí solo. Era una previsión presupuestaria pero se deben tomar acuerdos para materializarla. Por ejemplo, mediante un convenio. Esos acuerdo no están tomados y esas partidas que estaban en el presupuesto no son ninguna deuda», añadió.

La portavoz del PP, Carolina Blasco, reconoce la complejidad de llevar a cabo esta liquidación, dado que los socios del Plan Estratégico no quieren realizar las aportaciones. «Se pensaba que estar en estas entidades era más estar que aportar. No se tenía conciencia de lo que ello suponía». 

La disolución arrancó hace cuatro años pero la liquidación se retrasó debido a que el actual alcalde, Daniel de la Rosa, consideraba que debía ser su predecesor en el cargo, Javier Lacalle, el que se tenía que encargar pero el TSJ dictaminó que debía ser el primero. El problema de fondo es que existen importantes deudas pendientes con extrabajadores y proveedores y desde Intervención se niega que el Ayuntamiento tenga que poner dinero.