La Cuenta General de Castilla y León en el primer año de la pandemia elevó el gasto en 1.461 millones, el 73 por ciento destinado al refuerzo en Sanidad, si bien en el ejercicio de los años 2019 y 2020 el presupuesto definitivo de gastos en la Comunidad se incrementó un 13,05 por ciento, hasta los 12.661 millones. Dos informes, ha indicado el Consejo de Cuentas, "fundamentales" del sector público autonómico que "ponen de manifiesto la salud financiera de Castilla y León". Así se desprende de las fiscalizaciones de la Cuenta General de la Comunidad que el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha presentado este lunes ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico.
Desde el punto de vista de su contenido, la de 2020 presenta variaciones significativas respecto de la precedente en los indicadores económicos y financieros analizados al tratarse del primer ejercicio afectado por el impacto de la pandemia. Así, el presupuesto definitivo de gastos se incrementó en 1.461 millones, hasta los 12.661 millones, destinándose casi una cuarta parte de este al refuerzo en Sanidad para afrontar la pandemia. Mediante una exposición conjunta de ambas fiscalizaciones, estableciendo una comparación interanual, Amilivia ha resumido en referencia al año 2020 que la Cuenta experimentó una "mejora tanto en el aspecto formal como en el fondo".
Primero, porque incluyó cambios normativos que, en la práctica, supusieron el cumplimiento de recomendaciones reiteradamente planteadas por el Consejo de Cuentas. De esta manera, se ha presentado por primera vez formando una unidad, dado que hasta entonces la integraban las tres cuentas correspondientes a las entidades sujetas al régimen de contabilidad pública, a las empresas públicas y a las fundaciones públicas. Además, se ha presentado de manera consolidada en todos los documentos que la componen, es decir, sin duplicidades por operaciones internas, en consonancia con la Cuenta General única del Estado.
Por otro lado, Amilivia ha detallado que la financiación extraordinaria del Fondo COVID-19 posibilitó que la financiación sanitaria estuviese "mejor cubierta, con más presupuesto y mayor gasto sanitario, también en la Administración General, aunque paralelamente se registró un incremento interanual de la deuda del 3,68 por ciento". Además, la evolución de la deuda sanitaria no imputada a presupuesto por la Gerencia Regional de Salud reflejó en 2020 una "notable disminución, la mayor en 14 años", pasando de 417 a 62 millones.
Esto, ha precisado Amilivia, gracias a la generación de créditos que "posibilitaron imputar a gasto corriente los gastos de ese año y los correspondientes a ejercicios anteriores". Amilivia también ha señalado que, en opinión del Consejo, la Cuenta General se presentó en ambos ejercicios, con carácter general, de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación, reflejando de forma fiable la actividad económico--financiera de la misma, excepto por algunas limitaciones e incumplimientos recogidos en las conclusiones.
Con relación a las conclusiones más destacables, la Cuenta General se rindió en ambos ejercicios dentro del plazo establecido y atendiendo a la normativa, aunque en la de 2020 hubo algunas carencias en la información suministrada y una serie de incidencias en las homogeneizaciones y eliminaciones por operaciones internas entre entidades llevadas a efecto en el proceso de consolidación. La Cuenta General de la Comunidad incluye todas las cuentas de las entidades que deberían estar integradas en la misma excepto --en ambos ejercicios-- las del Consorcio para la Promoción, Desarrollo y Gestión del Proyecto Regional del Parque Empresarial del Medio Ambiente.
Deuda sanitaria
Con relación a la Gerencia Regional de Salud, existen obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2020 por 62 millones de euros, siendo 5,5 de ejercicios anteriores. Existen, además, obligaciones de ejercicios anteriores indebidamente imputadas al ejercicio 2020 por 412 millones, por lo que la evolución de las obligaciones pendientes de imputar a presupuesto en los últimos años refleja que 2020 fue el ejercicio con el menor importe, habiéndose producido una notable disminución, pasando de 417 millones en 2019 a 62.
La causa principal fueron las generaciones de crédito, que permitieron que en 2020 se imputaran a presupuesto corriente tanto los gastos generados en ese ejercicio, como los correspondientes a ejercicios anteriores que habían quedado pendientes de imputar por falta de crédito. La principal fuente de financiación fue el Fondo COVID-19 creado por la Administración del Estado para que las comunidades autónomas afrontaran las incidencias presupuestarias de la crisis sanitaria.
En cuanto al seguimiento de debilidades, las memorias de las cuentas anuales de las entidades sujetas a contabilidad pública presentaban incidencias de diferente tipo en cada una de ellas que afectan a su finalidad de completar, ampliar y comentar la información contenida en el resto de los documentos. Por ejemplo, la Comunidad utilizó en ambos ejercicios el criterio de devengo para el reconocimiento de derechos de transferencias finalistas de acuerdo con el nuevo Plan General de Contabilidad de Castilla y León de 2018, en vez del criterio de caja, que es el recogido por el Plan General de Contabilidad Pública, configurado como marco para todas las Administraciones públicas.