«Malestar general y cefaleas». Esa fue la excusa que el exalcalde pedáneo de San Martín de Losa, Benedicto Vadillo, adujo ante la Audiencia Provincial para intentar evitar ser juzgado por la causa de mayor entidad entre las que tiene pendientes y que nace de la denuncia presentada en 2013 por la Asociación de Amigos de San Martín. Presentó un informe médico, en el que explicaba este malestar a consecuencia de una caída para lo que le habían prescrito paracetamol e ibuprofeno. La Audiencia dictó una providencia en la que rechazaba este informe médico como motivo suficiente para justificar su ausencia en el banquillo y le advertía de que esa conducta podía conllevar su ingreso en prisión. Pero hizo oídos sordos y por tercera vez desde 2022 evitó ser juzgado por los delitos de estafa cometida por autoridad, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
En la vista, tanto la acusación particular como el fiscal solicitaron su ingreso en prisión hasta la nueva fecha de juicio, pero los magistrados plantearon que antes de decidir sobre una medida tan drástica como el ingreso en prisión se le practicaría un examen médico forense. Esta vez la justicia actuó con rapidez y de inmediato fue detenido y puesto a disposición de un médico forense que observó como, a pesar de sus 78 años de edad, se encuentra en buen estado de salud como para poder acudir a juicio en la Audiencia Provincial.
Una vez notificado el informe médico forense que ponía en evidencia como el exalcalde de San Martín se salta todos los límites legales -lleva acumuladas cinco incomparencias a juicio por dos causas diferentes-, tanto el fiscal como la acusación volvieron a plantear en sus alegaciones que «se le detenga e ingrese en prisión provisional de manera inmediata para evitar que nos vuelva a tomar el pelo», como explican desde la acusación particular.
Pese a ello, la Audiencia Provincial se mantiene en una postura de prudencia y ayer notificó a la Fiscalía y a la acusación que la vista se celebrará el próximo día 24 -mucho antes de lo previsto-. Pero la sala ha acordado «posponer su decisión acerca de la petición formulada por ambos -fiscal y acusación- hasta tener la certeza de que los abogados, el fiscal, los testigos y el perito propuestos han sido citados en tiempo y forma». Así pues, deja una ventana abierta a la posibilidad de que, una vez que todos los citados al juicio confirmen su presencia, Benedicto Vadillo pueda ser encarcelado hasta el día 24 para garantizar su comparecencia en la sala de vistas de la Audiencia.
El caso que se quiere juzgar tiene que ver con las importantes cantidades de dinero que cobró de la cuenta de la junta vecinal entre 2007 y 2013 para destinar a lo que llamaba 'gastos del presidente'. El informe pericial encargado a un experto por el Juzgado analizó más de 1.500 documentos, muchos de ellos tiques de autopista, facturas de restaurantes incluso del entorno del pueblo, aparcamientos o documentos escritos por él con gastos de kilometraje por viajes a Madrid, Zaragoza, Pamplona o Burgos, entre otros destinos. En total, cobró 61.923 euros entre 2007 y 2013 mientras en San Martín crecía el descontento por la falta de servicios. Llegaba a cobrar más de 1 euro por kilómetro en ocasiones, con lo que ir a Medina a certificar una carta superaba los 70 euros.
Fue el descontento vecinal el que llevó a crear una asociación que enarboló la causa judicial. El perito consideró justificados una parte de los gastos, pero no vio explicación para 30.682 euros, la cantidad que solicita el fiscal que devuelva. Además de este dinero, el fiscal pide 11 años de prisión y 18 de inhabilitación. La acusación particular eleva la cantidad a devolver a 44.588 euros más intereses y las penas, a 18 años de prisión y 18, de inhabilitación.