El 'boom' de los alojamientos turísticos no deja de crecer en la provincia de Burgos y las administraciones controlan el correcto desarrollo de la actividad. La oferta disponible cada vez es mayor y más variada, una circunstancia que invita a profundizar en la lucha contra las malas prácticas, tanto en la puesta en marcha como en la gestión de las diferentes alternativas que ofrece el mercado.

Según los datos de la sección de Turismo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León el censo oficial incluyó más de un centenar de incorporaciones durante el año 2022 para alcanzar las 350 viviendas turísticas en la provincia. De ellas, casi 200 se encuentran en la capital, con el medio centenar de apartamentos también incluidos en el listado de la administración regional.

El seguimiento del desarrollo de estas actividades empresariales trae consigo las sanciones. En este sentido, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ya ha abierto más expedientes a alojamientos turísticos durante el primer trimestre de 2023 que a lo largo de todo el año pasado, según indican las cifras oficiales.

La administración regional resolvió seis expedientes durante 2022, unas sanciones cuyo importante alcanzaron un total de 2.552,60 euros. Todas las infracciones tramitadas, consideradas graves según indican los respectivos artículos de la Ley de Turismo aplicados, afectaron a cuatro tipos de alojamientos.

Las viviendas turísticas sumaron sendas sanciones por valor de 901 euros cada una de ellas según indica el artículo 82.e) del régimen sancionador «por publicitar su actividad turística sin haber obtenido la oportuna habilitación o sin haber presentado la correspondiente declaración».

Mientras tanto, «la realización de la actividad turística sin haber presentado la correspondiente declaración responsable» le costó a las instalaciones de un camping una multa de 540,60 euros al dictado del artículo 83.a). Más leve fue la sanción económica impuesta a un alojamiento turístico rural de la provincia por «no expedir justificante de pago de los servicios prestados» (60 euros).

Misma cuantía económica asumieron los dos alojamientos hoteleros sancionados el pasado año por «no disponer de hoja de reclamaciones» y por «no entregar» esta documentación al cliente en el momento de plantear su reclamación. También se contempla la sanción por «no facilitar la identificación de la actividad turística».

La tendencia sancionadora ha crecido en los primeros meses de 2023, si bien cabe destacar que los siete expedientes iniciados aún no se han resuelto y siguen en pleno proceso de tramitación. Es la situación de los cinco casos que afectan a las viviendas turísticas. 

En cuatro de ellos la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León detectó que se publicitó su actividad turística «sin haber obtenido la oportuna habilitación o sin haber presentado la correspondiente declaración».

Además, el quinto caso se centra en la «difusión a través de Internet u otros medios de comunicación información o expresiones que puedan inducir a error sobre los elementos esenciales de la actividad turística y sobre los precios». Todos ellos se exponen una multa económica comprendida entre los 901 y los 9.000 euros en función del grado aplicado.

Por su parte, los dos alojamientos hoteleros a los que se les ha abierto expediente se enfrentan a una sanción leve. Uno de ellos por «no dar publicidad a cuentos extremos fueran exigibles por la normativa turística» y otro por la «exhibición de distintivos acreditativos que no cumplen con las formalidades exigidas».