Las administraciones públicas se ven obligadas a contratar determinados servicios muy especializados con empresas privadas y los contratos a veces no se cumplen. Ha sucedido con el mantenimiento, inhumación y exhumación del cementerio municipal de San José. La empresa Ferrovial Servicios, que se encargó de estos trabajos desde 2014 a principios de 2020, reclama ahora al Ayuntamiento de Burgos la devolución de la fianza. Sin embargo, se ha encontrado con la negativa al dejar sin construir 48 criptas. 

La Junta de Gobierno Local acordó en su última reunión dar un plazo «único e improrrogable» a la empresa, ahora denominada Serveo Servicios, para que realice las obras o de lo contrario no verá ni un euro y además podrían imponerle sanciones. 

Cabe recordar que el Ayuntamiento adjudicó en 2014 estos trabajos a Ferrovial Servicios durante cuatro años con la posibilidad de prórroga por otros dos por un importe de 577.300 euros anuales, una importante baja sobre el precio de licitación, 733.000. 

En 2018 y 2019 la Junta de Gobierno Local acordó aprobar la primera prórroga a pesar de la existencia de un informe desfavorable del jefe del Servicio de Medio Ambiente y Sanidad ante las deficiencias en la prestación de servicios, pero como no se había resuelto el nuevo contrato se acordó que siguiera prestando un servicio de claro interés públicos hasta que entrara la nueva empresa, Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia. Hace dos meses la empresa reclamó la devolución del aval por importe de 95.437 euros.

Sin embargo, un informe técnico cifra en 96.5000 euros el coste de la construcción de las criptas y por ello se incauta el aval. Si Serveo Servicios cumple con lo estipulado en el contrato se le devolvería el dinero, pero si no lo hace perderá esa cantidad. 

Durante el tiempo que esta empresa gestionó el cementerio municipal se registraron numerosas quejas sobre el estado de algunas zonas del recinto, que fueron denunciadas por el entonces concejal de Imagina Raúl Salinero. Ferrovial además incumplía algunos extremos del contrato, como tener una plantilla de 15 personas y contar con 14, por lo que fue sancionada. A ello se añadió, que el Ayuntamiento le pagaba tarde hasta tal punto de que en mayo de 2017 le abonó un año y medio de contrato. 

A esta situación también colaboró la fallida ampliación que culminó en 2006 tras una inversión de seis millones. El hormigón era de mala calidad, lo que ha provocado que haya decenas de nichos apuntalados y con grietas.