El secretario general de la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Aranda, Andrés García, sostuvo ayer su denuncia pública sobre la presunta corrupción en el Consistorio arandino en relación a la supuesta contratación de familiares de políticos en empresas externas que prestan servicios municipales si bien no se mostró dispuesto en ningún momento a poner el caso en manos de la Fiscalía.
El funcionario, al que la alcaldesa, Raquel González, dio ayer traslado del escrito planteado por IU pidiendo que presente las pruebas para sustentar tan grave acusación por si deseaba hacer alegaciones o presentar documentación, se mantuvo en sus trece y no reveló ningún dato que aporte ni tan siquiera indicios, limitándose a reiterar que él ya ha dado una pista perfectamente válida de investigación «que se mirasen los listados del personal contratado por las empresas contratadas por el Ayuntamiento y que cada uno sacase sus propias conclusiones».
No ve necesaria la comisión de investigación que se pide, puesto que esas relaciones laborales «están al alcance de quien lo puede tener, que son los concejales del Ayuntamiento que tienen derecho a tener esa información». En cuanto a la apertura de un posible expediente disciplinario, entiende que sus declaraciones fueron hechas como miembro destacado de UGT y son ajenas al régimen disciplinario de la Administración. «Al señor Cayo Lara de IU no se le ocurriría pedir al señor Rajoy del PP que sometiera a régimen disciplinario al secretario general de UGT y de CCOO, señores Méndez y Toxo, por sus manifestaciones en el ejercicio de sus funciones, lo cual puede evidenciar una mentalidad arcaica, retrógrada y represiva de los comunistas arandinos», argumentó.
Según García, IU sabe perfectamente lo que pasa desde hace tiempo en el Ayuntamiento, asegura que lo han comentado «y ha venido a decir, hace unos años, que ya están hartos y que si una persona no denuncia un caso primero, ellos no van a empezar».
Para acabar con el nepotismo -desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos- desde UGT se plantea adquirir un compromiso político para atajar esta práctica y plantea tres reglas concretas para evitar esta situación. En primer lugar propone que se comprueben los listados, con fotocopia del DNI del personal contratado por las empresas que tienen concesiones municipales.
Asimismo reclama un compromiso político de que el personal que se contrate por esas empresas sea sometido a proceso de selección, bien con control o vía convenio laboral «donde se pueden reflejar fórmulas de selección». Finalmente, al objeto de garantizar la transparencia, ve fundamental que los concejales y componentes de las listas electorales de los partidos, presenten una declaración jurada dando a conocer, hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, la relación de familiares que trabajan en el Ayuntamiento o empresas contratadas.