El Ayuntamiento de la capital ribereña cuenta con un 40% de su parque de viviendas sociales vacío. Para este recurso, el área de Servicios Sociales arandinos cuenta con un total de 10 pisos, que suponen menos de la mitad de los que se destinan en Miranda de Ebro para este fin, con un total de 22 viviendas, y el proyecto relegado desde 2020 de arreglar algún inmueble más para dar respuesta a la lista de espera que han detectado. Mientras, en Aranda, el 40% de los pisos sociales están desocupados desde hace varios meses. «Había varias familias ucranianas que ya normalizaron su situación, tienen trabajo y, por tanto, ingresos y se han tenido que buscar otra vivienda», explica el concejal de Servicios Sociales, Andrés Gonzalo, los motivos de que esos pisos estén desocupados.

En concreto, de las diez viviendas sociales que posee el Ayuntamiento arandino hay dos reservadas a emergencias, de las que una está ocupada, y otras ocho pisos para familias con necesidades, entre las que hay tres a la espera de ocupantes. «La idea en la Concejalía es volver a sacar lo antes posible la convocatoria y que otras familias que lo necesitan utilicen esas viviendas», adelanta Gonzalo, que se marca este mes de octubre para poder lanzar la nueva convocatoria. «Se sacan por un año y se pueden prorrogar si la situación familiar no ha mejorado», puntualiza el edil, a diferencia de las viviendas de emergencia que «se tramitan rápidamente, sin convocatoria».

Gonzalo reconoce que los técnicos han detectado problemas de habitabilidad que se podrían solucionar con la salida de la convocatoria de estos pisos sociales, sin poder precisar la lista de espera que podrían haber en estos momentos. «Sí, se les avisa para que puedan tramitarlo pero tiene que salir la convocatoria para todos y pueden presentarse todas las que estén en una situación complicada que, a lo mejor, no habían pedido ayuda anteriormente», apunta el responsable municipal de los Servicios Sociales.

Este recurso va más allá de que los beneficiarios tengan un lugar donde vivir en unas condiciones dignas, ya que el programa incluye un control por parte de los técnicos de los CEAS para mejorar su situación. «Estas familias llevan un seguimiento continuo a todos los niveles: psicológica, de inclusión, asesoramiento, ayuda a la búsqueda de empleo, apoyo al estudio... para que su vida y su situación mejore y no necesiten esas viviendas», especifica Andrés Gonzalo, con el fin de que puedan valerse por sí mismos y puedan dejar los pisos sociales para otros usuarios.

En concreto, hay tres pisos en la calle Santa Ana, seis en la carretera de la Estación, en el conocido como edificio de los Camineros, uno en la calle Las Francesas y dos más en los bajos de un inmueble de la calle Santiago, por lo que están repartidos por distintas zonas de la ciudad y sus características son muy diversas. Van desde los 55 metros cuadrados a los 80 de Santa Ana o los 110 de Las Francesas, donde uno de ellos está adaptado. Menos las de la carretera de la Estación que tienen dos habitaciones, el resto de estas viviendas cuenta con tres, por lo que tienen múltiples posibilidades.

En mayo de 2022 se publicó la última ordenanza para asignar ocho de estos pisos sociales, después de que se realizase una modificación de la ordenanza para actualizar los alquileres, con tasas mensuales van desde los 196 euros de la vivienda de la calle Las Francesas, similar a los 190 euros de las de Santa Ana, hasta los 76 de la calle Santiago, mientras que las renovadas de la carretera de la Estación se fijó en 110 euros.