El Ministerio del Interior adjudicó hace más de dos años un contrato de unos 2 millones de euros para la adquisición de un millar de pistolas táser que pretendía distribuir por las diferentes comisarías de España. A Burgos, se le informó hace bastante tiempo de que contaría con algunas, si bien no ha sido hasta hace bien poco cuando han llegado estas armas. Eso sí, están inutilizadas. El protocolo supuestamente está aprobado, aunque no han trascendido detalles, pero los agentes no han recibido la formación pertinente. 

Fuentes de la Comisaría Provincial han informado que ya están a su disposición las primeras tres unidades de armas eléctricas. Sin embargo, «no estamos autorizados par a utilizarlas». Se supone que los cursos, tal y como anunció Interior, debían haber comenzado hace un año. Sin embargo, al menos en Burgos, los funcionarios no han siquiera iniciado la formación. 

Dicho curso dura unas 12 horas y tiene parte teórica y práctica. En la primera fase, los agentes elegidos para llevar estas armas deberán adquirir conocimientos sobre el protocolo aprobado poco después de la autorización de la compra, y que está regido bajo los principios de oportunidad y proporcionalidad. Es decir, el uso de los inmovilizadores eléctricos estará muy limitado. 

La idea es que sean los agentes de la unidad de Seguridad Ciudadana, que son los que habitualmente están en la calle, los que tengan acceso a esta pistola táser. Según dicta la normativa de Interior, sobre la que tampoco han trascendido demasiados detalles, la podrán usar siempre que se vea en riesgo la seguridad propia o ajena. Está prohibido disparar contra personas mayores, niños, embarazas y quienes tengan problemas de salud. No hay que olvidar que estos aparatos disparan electrodos que se pegan al cuerpo del infractor para inmovilizarle. 

La segunda fase de la formación consiste en el adiestramiento práctico con diferentes ejemplos, bien sea con el objetivo en movimiento o parado. Solo podrán utilizar las táser y patrullar aquellos que superen estas doce horas de clases. Por otro lado, también cuentan ya con defensas extensibles, pero su uso también está muy limitado. 

Un mal precedente. Muchos colectivos, fundamentalmente Amnistía Internacional, han criticado el uso de los inmovilizadores eléctricos por sus consecuencias para la salud. Eso ha generado numerosas reticencias en las administraciones a la hora de utilizar este arma. Lo que ocurre actualmente en la Comisaría Provincial, donde las pistolas aguardan en un cajón, ya sucedió en el Ayuntamiento de Burgos. La concejalía de Seguridad Ciudadana adquirió una en 2015, pero nunca se llegó a usar. De hecho, se quedó obsoleta y hace un año se introdujo en una modificación presupuestaria la compra de otras dos unidades y las cámaras para utilizarlas.