Agentes medioambientales protestan por el recorte de 19 plazas

P.C.P. / Burgos
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La amortización de 70 puestos de la RPT en Castilla y León castigará sobre todo a Burgos capital y las comarcas de Lerma y Quintanar de la Sierra y mermará la vigilancia contra los incendios, el furtivismo y otros delitos

Los agentes medioambientales se concentraron a las puertas de la Delegación de la Junta tras acudir a una asamblea convocada por 4 sindicatos. - Foto: Alberto Rodrigo

Los agentes medioambientales se han levantado contra la Junta de Castilla y León y su propuesta de eliminar 70 plazas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), una medida que castigaría especialmente a esta provincia al tener que soportar más de la cuarta parte del total de esa amortización, 19 profesionales que se recortarían sobre todo en Burgos capital y las comarcas de Quintanar de la Sierra y Lerma, «cuando es una de las más forestales» de la comunidad. 

Los afectados secundaron ayer masivamente la convocatoria de los 4 sindicatos con mayor representación en el colectivo, Uscal, CCOO, UGT y CSIF, y tras celebrar una asamblea realizaron una concentración de protesta a la entrada de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos. «Nos sentimos poco valorados y totalmente discriminados» por la Consejería de Medio Ambiente, apunta Esaú Escolar, para explicar que circunstancias que sí se reconocen en otros puestos a los agentes medioambientales se les niegan a ellos, como el trabajo con tecnologías digitales o el destino ultraperiférico, aquel que se desempeña en las localidades más aisladas o despobladas.

Con estas movilizaciones quieren que la Consejería «abra la negociación que le estamos pidiendo y nos lleva negando desde el mes de marzo», remarca, para insistir en que todos los puestos son necesarios, aunque en la práctica no estén cubiertos. Con una plantilla sobre el papel de 1.050 «hemos llegado a estar 700», apunta Escolar, lo que ha obligado a «meter interinos» ante campañas de incendios «tan comprometidas como la del año pasado», recuerda. «Nunca ha habido ninguna oferta pública en España de agentes medioambientales tan grande como la que está habiendo ahora en la Junta de Castilla y León, pero es porque están totalmente desbordados; la plantilla está envejecida y hay jubilaciones de 200 o 300 cada 2 años», explica el presidente de Uscal-Apamcyl.

Los sindicatos advierten que la merma de efectivos perjudicará a los trabajadores y a su salud laboral. «Nuestra única seguridad es llevar un compañero al lado para hacer el trabajo (...)».

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