Una deuda testimonial y un alquiler social permitirán a José Antonio Sánchez Gil seguir habitando la vivienda de la que ha estado a punto de ser desahuciado. El acuerdo entre Ibercaja y el afectado, un desempleado de larga duración de 59 años, ha sido posible gracias a la presión social de la Plataforma Antidesahucios (PAH), que ocupó la sucursal de la calle Vitoria 190 durante la mañana del pasado viernes y ayer se concentró a sus puertas;la voluntad negociadora de la entidad bancaria y los 426 euros de Renta Garantizada de la Ciudadanía, una medida implantada por la Junta de Castilla y León y que ha demostrado su bondad en casos de extrema necesidad.
La lucha de José Antonio «para no quedarme en la calle» y sufrir la exclusión social ha permitido un acuerdo que le permite seguir habitando el piso de 40 metros cuadrados ubicado en una segunda planta sin ascensor en el barrio de San Cristóbal. Para ello, su propietario, Ibercaja, establece un alquiler social de 100 euros al mes acorde con los ingresos que percibe el inquilino.
Por lo que respecta a la deuda cuyo impago desencadenó el proceso de desahucio, más de 16.000 euros, queda reducida a 1.400 euros, que José Antonio financiará mediante un préstamo personal que le supondrá el pago de una cuota mensual de 12 euros durante un plazo de diez años.
Con este acuerdo, rubricado en la mañana de ayer entre las partes y sobre el que ya se trabaja poco después del desalojo de la sucursal de Gamonal el viernes, Ibercaja no condona totalmente la deuda ni realiza una dación de pago que podría sentar precedente en los numerosos casos que tiene abiertos a lo largo de la geografía nacional, incluidos, apuntan desde la PAH, los de Cajacírculo, integrante de este grupo bancario.
La entidad ya mostró el viernes por la mañana -con la oficina ya ocupada- su deseo de alcanzar un acuerdo paralizando el segundo intento de lanzamiento de la vivienda, que hubiese supuesto la expulsión de su inquilino.
José Antonio, extrabajador del sector de la construcción, lleva cinco años sin trabajar y sin cobrar la prestación por desempleo.