La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, anunció ayer que la concertación social con las entidades del Tercer Sector se ampliará este año a las residencias de salud mental, tras la experiencia, a modo de prueba, que se puso en marcha en 2022 en los centros de drogas y las casas de acogida. El objetivo es «lanzar» este modelo en todos los servicios el próximo año, al comprobar el funcionamiento de los primeros contratos. Por lo tanto, se pasará de la subvención a la concertación social.
Con motivo de la firma un convenio de colaboración con Cermi, Blanco recordó que el decreto de concertación social se aprobó el año pasado y los primeros servicios en acogerse a este nuevo modelo fueron los centros de drogas y las casas de acogida, que salieron por un periodo de un año, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y el cumplimiento de los pliegos. A lo largo de 2023, saldrán por dos años, que serán prorrogados por otros dos. «La concertación social es una herramienta de contratación pública que permite la normativa estatal y europea que no solo tiene en cuenta factores económicos, ya que valora la calidad de la atención al ser servicios sociales y prestados por entidades del Tercer Sector», expuso.
Además, la consejera destacó, según recogió la Agencia Ical, la importancia de la concertación social para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de las entidades, al asegurarse una «financiación estable» durante cuatro años pero también al homogeneizar el coste por plaza y los servicios en toda la Comunidad. Por lo tanto, todos los ciudadanos recibirán los mismos servicios con independencia de la provincia. En este sentido, el presidente de Cermi Castilla y León, Juan Pérez, valoró el decreto de concertación para lograr la sostenibilidad de las entidades, al estar asegurada la prestación de servicios durante un periodo largo. También, se mostró convencido que la concertación irá a más.
El acuerdo para actualizar el protocolo del modelo de atención a las personas con discapacidad se acompañará de un esfuerzo presupuestario de la Junta en el precio de los conciertos, que incrementarán un ocho por ciento para centros de día y residencias y un nueve por ciento en viviendas, que afectará a 7.047 plazas concertadas -1.957 en residencias, 962 en viviendas y 4.128 en centros de día-. Esta medida supondrá un aumento en la financiación de cerca de cinco millones, alcanzando este año los 96 millones.
El nuevo protocolo tiene como objetivo avanzar en el modelo de atención centrado en la persona, dotando a las personas con discapacidad de la mayor autonomía.