Se ha extendido como una epidemia. Y en algunas comunidades -caso de Cataluña- hay quien habla de plaga. Es la okupación de viviendas, un fenómeno del que no se salva ninguna ciudad española, aunque, como es obvio, tiene mayor incidencia en las grandes urbes. Los okupas ya no se limitan a asaltar viviendas vacías, sino que incluso se atreven con las habitadas, aprovechando los momentos en que sus inquilinos han salido.

El fenómeno se ha extendido como una mancha de petróleo a lo largo de los últimos años. Las cifras son claras al respecto. En 2016, cuando comenzó a hacerse un seguimiento fiable al número de viviendas invadidas por estos inquilinos no deseados, se contabilizaron 9.918 casos de invasiones.

En los ejercicios siguientes el crecimiento fue constante. Así, en el pasado año el número de los casos por allanamientos de morada y usurpación de inmuebles se multiplicó hasta contabilizar nada menos que 16.726 denuncias. En estas cifras se incluyen tanto los casos de usurpaciones -referidos a las entradas en pisos vacíos propiedad de bancos o fondos de inversión y que representan la mayoría- como los allanamientos de morada, episodios en los que lo que se okupa es la vivienda habitual o la segunda residencia de particulares, que representan cifras menores. El primer delito, según la legislación actual, está castigado con un máximo de seis meses de cárcel. El segundo, con hasta dos años de prisión.

En un cálculo somero, esas 16.726 invasiones de casas suponen una media muy cercana a las 1.400 al mes y 46 cada día. 

 Sin embargo, cabe reseñar que este dato representa un 3,2 por ciento menos que el año anterior, el 2021, cuando esta cifra se había disparado hasta las 17.274 okupaciones, máximo histórico, según los datos recogidos por el Sistema Estadístico de Criminalidad, dependiente del Ministerio del Interior y que recopila la información de las policías nacional, autonómica y municipal y la Guardia Civil.

¿Un motivo para una pequeña esperanza? El interrogante no se puede despejar de forma alguna, pero lo cierto es que la cifra supone el primer descenso de un fenómeno que ha experimentado un continuo crecimiento bajo gobiernos de diferente signo durante los últimos siete años.

Las infracciones penales por okupaciones de viviendas descendieron un 11 por ciento en el primer trimestre de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior y Cataluña sigue de forma destacada a la cabeza al contabilizar 1.673 casos, el 42 por ciento del total.

Según datos del Ministerio del Interior, a 31 de marzo se habían contabilizado 3.898 infracciones penales relacionadas con las okupaciones de inmuebles, frente a las 4.385 del primer trimestre de 2022.

En 202, en este mismo periodo de tiempo, se registraron 4.634 denuncias. Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma con mayor número de okupaciones, ya que triplica a la segunda región con más casos, Andalucía, que suma 594 infracciones penales.

Valencia registró en el primer trimestre 420 entradas ilegales y Madrid se queda con 369 casos. El resto de regiones que superan el centenar de casos son Castilla-La Mancha (161), Canarias (148), Murcia (123) y las Islas Baleares (111).

Lo más sangrante en la okupación es su dinámica. Si alguien sorprende a los okupas con las manos en la masa, en el instante en que entran ilegalmente en su propiedad, puede hacer que la Policía los desaloje casi en el acto. Pero si para cuando llegue a casa los delincuentes ya han cambiado la cerradura, las fuerzas de orden público no podrán actuar de forma expeditiva. Y darán lo mismo los títulos de propiedad o las facturas que presente para demostrar que el piso es suyo. El camino entonces es poner una denuncia en el juzgado, y a partir de ahí se abre un proceso judicial que puede durar un año... y eso en el mejor de los casos.