Cuatro pacientes recibieron el año pasado en Burgos tratamiento hormonal para el crecimiento financiado por la sanidad pública; los mismos que en León. En Salamanca se prescribieron seis y en Valladolid, una decena. Esta gradación no es específica del 2022, sino sostenida a lo largo de la última década. De las provincias más pobladas de la Comunidad, Valladolid es la que más terapias prescribe, mientras que Burgos, la tercera en habitantes, la que menos. Así, a lo largo de los últimos años los médicos de Burgos especializados en el tema han administrado 57 tratamientos de este tipo, mientros que sus colegas de León hicieron otro tanto con 66 pacientes, los de Salamanca con 79 y los de Valladolid, con 116.
Cada tratamiento con hormona del crecimiento cuesta unos 30.000 euros y lo habitual es que se valore su prescripción en niños, pero no solo. En todos los casos, los facultativos tienen que hacer una propuesta en la que detallan unos datos clínicos concretos, para que la evalúe el 'Comité asesor de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) para la utilización terapéutica de la hormona del crecimiento y sustancias relacionadas'; un grupo cuya composición se especifica en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl): el director general de Asistencia Sanitaria de Sacyl, el director técnico de Farmacia, un representante de la dirección técnica de Atención Especializada, cinco especialistas adscritos a Sacyl («con experiencia reconocida en las patologías incluidas entre las indicaciones autorizadas de la hormona de crecimiento») que serán nombrados «teniendo en cuenta las propuestas de las sociedades científicas correspondientes», un facultativo especialista de Farmacia hospitalaria y adscrito a Sacyl, un inspector de Farmacia de Sacyl, un experto en Bioética de Sacyl y un representante del servicio de Prestaciones complementarias y Concierto de la dirección técnica de Farmacia.
Los nombres de los integrantes de este comité, sin embargo, no se publican, a pesar de que la elección tiene vigencia por un año (aunque puede ser prorrogado «tácitamente») y que la composición del comité homólogo del Ministerio de Sanidad es público, con nombres, apellidos y cargos de cada uno de sus miembros.
En cualquier caso, estos doce expertos tienen encomendado reunirse, al menos, dos veces al año (una por semestre) y dictaminar «sobre la conveniencia o no» de iniciar un tratamiento, así como decidir acerca de la continuidad o de la suspensión de una terapia.
La prescripción de este fármaco siempre ha sido polémica y, de hecho, muchas veces acaba en el juzgado. Y en varias ocasiones en los últimos añosy la Consejería de Sanidad ha tenido que pagar, incluso con intereses, terapias denegadas por el cauce administrativo.