CCOO también sucumbe al tijeretazo de la Consejería de Empleo a las ayudas y subvenciones que reciben los agentes del Diálogo Social y presentará un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para 54 trabajadores por lo que resta de año. Una medida que llega después de que hace una semanas la UGT autonómica hiciera lo propio y llevara ante la autoridad laboral un ERE para más de 70 trabajadores después de que Empleo dejara sin financiar varios programas que ambos sindicatos realizaban en Castilla y León en materia de prevención de riesgos laborales, el servicio de atención a migrantes, el servicio de orientación a personas desempleadas o la formación profesional para personas ocupadas.
«Esto es consecuencia de la ilegalidad de las políticas que aplica Vox. La extrema derecha tiene en su ideario eliminar el papel constitucional y legal de los sindicatos más representativos», explicaron desde Comisiones Obreras en un comunicado de prensa, donde informaban de que la adopción del ERTE es para evitar un despido colectivo, tal y como ha sucedido en la UGT. Los trabajadores afectados soportarán una reducción de la jornada laboral de entre un 50 y un 60 por ciento, estando pendiente de negociación. Esta medida se combinará con la reordenación de la planificación del sistema laboral de forma temporal y parcial con carácter coyuntural.
Precisamente hace una semana, el secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social de CCOO, Saturnino Fernández, reconocía problemas dentro del sindicato pero negaba que se fueran a producir despidos masivos como en la UGT.
Para CCOO, el único interés que mueve a la extrema derecha en el Gobierno Autonómico es «desgastar a los sindicatos y a las organizaciones de la sociedad civil organizada para erosionar la democracia». Las consecuencias de las medidas de la Junta de Castilla y León, continúa el sindicato liderado por Vicente Andrés, también ha propiciado la supresión de varios servicios. Los beneficiarios de estos programas, apunta el sindicato, son los grandes perjudicados así como los trabajadores que los ejecutaban por la eliminación de dichos programas, que no han sido suplidos desde la Administración Autonómica y ha supuesto que no se convoque al menos 26 programas públicos de políticas laborales por un valor mínimo de 42 millones, porque no se han ejecutado.
«La política ilegal de la parte minoritaria del Ejecutivo Autonómico ha propiciado incluso que el Gobierno de España tuviera que intervenir presentando un requerimiento a la Junta de Castilla y León instándole a que no eliminase el Serla, como era su pretensión, después de suprimir la financiación de este servicio en el Presupuesto de la Junta de Castilla y León para 2023», concluye Comisiones Obreras en su comunicado.