El Ayuntamiento de Burgos tendrá que definir en los próximos tres años un ‘Burgos central’, a imagen y semejanza de lo que lleva varios años aplicando Madrid. Se trata de una zona de bajas emisiones a la que obliga la Ley de Cambio Climático recién aprobada por el Gobierno.

Esta se define como "el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente".

La obligatoriedad se hace extensiva a todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, que deberán poner en marcha a través de su "planificación de ordenación urbana medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad". Y manda llevarlo a cabo "no más tarde de 2023".

A diferencia de la zona actualmente acotada por bolardos que lleva implantada desde hace años en el centro histórico de la capital burgalesa, del espíritu y la letra de la norma se deduce que las limitaciones no serán tanto en horarios o en recorridos como en función de la clasificación energética de los vehículos. Es decir, tal y como ya sucede en la capital de España las posibilidades de circulación de cada coche dependerían de la pegatina que lo identifica con una u otra calificación medioambiental, puesto que el objetivo no es simplemente reducir la circulación sino la contaminación.

Está por ver si su aplicación en el día a día también va vinculada al estado de la calidad del aire, como ya sucede en Madrid, donde en función de los parámetros de polución se pueden endurecer o ablandar las exigencias a los coches con permiso para entrar al centro o incluso para estacionar.

DESAPERCIBIDO POR LA COVID. El Consejo de Ministros del pasado 19 de mayo, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, remitió a las cortes, el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Con este paso arrancó la tramitación parlamentaria del primer proyecto legislativo "para que España alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050, en coherencia con el criterio científico y las demandas de la ciudadanía", según pretende el Gobierno.

En medio de la pandemia de COVID-19 que mantiene copado el interés público y de todas las administraciones desde mediados de marzo la extensión del modelo de ‘Madrid Central’ a todas las localidades medianas y grandes ha pasado desapercibida casi por completo.

Consultados por este periódico, ninguno de los grupos políticos municipales tenía constancia de que se haya avanzado o debatido sobre este asunto en las últimas semanas, pese a que la obligación de poner en marcha ya se anunció a finales de enero cuando el anteproyecto de ley comenzaba a tomar forma. El concejal de Medio Ambiente, Josué Temiño, apunta que por el momento simplemente ha solicitado empezar a estudiar estas novedades normativas a técnicos de las áreas de Medio Ambiente y de Movilidad, pero sin que hasta ahora se haya concretado nada al respecto.

Lo cierto es que el Consistorio dispone de toda la legislatura para actuar y que de aquí a 2023 planea una total incertidumbre sobre cómo evolucionará tanto la economía local como la global, claves a la hora de afrontar retos como el de la transición energética.