Aunque aún es pronto para conocer en profundidad el contenido de la solución global que el equipo de gobierno arandino propondrá para resolver la enquistada situación que se vive con la plaza de toros, sí que es posible conocer algunos aspectos que contemplará. Entre ellos, que si no se atienden los requerimientos que se han para legalizar por completo el coso, el Ayuntamiento podría solicitar la resolución del contrato que le vincula con el empresario Victoriano del Río, quien resultó adjudicatario del concurso convocado por el Ayuntamiento para enajenar los terrenos sobre los que se levantaba la antigua ‘Chata’ a cambio de la construcción de un nuevo complejo cubierto y polivalente.
Así lo reconoció la propia alcaldesa, Raquel González, quien no obstante, puntualizó que la rescisión del contrato sería la última opción, ya que «todo el mundo firma un contrato con el objetivo de cumplirlo». De hecho, consideró que si se llegara a estos límites no se estaría cumpliendo con los deseos de los ciudadanos quienes, a su juicio, lo que quieren es disponer de unas instalaciones modernas y funcionales, que es el objetivo con el que se convocó el concurso. Por ello, confió en que antes de llegar a ese punto sea posible alcanzar un acuerdo para que se subsane uno de los principales escollos existentes para legalizar la plaza de toros, la construcción de las cerca de 250 plazas de aparcamiento con que está obligado a dotar el coso según lo que marca el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), «en los modos viables y de la forma más beneficiosa para el pueblo de Aranda». Lo que sí que descartó por completo es que se pueda exigir la reversión del coso ya que esta posibilidad solo se contempla en el caso de que deje de desempeñar la función taurina para la que fue concebido.
Por lo demás, la regidora no quiso profundizar en el contenido de esta solución que elabora junto a los concejales castellanistas y el de CCD, y que pretende que sea un acuerdo «que capitanee el PP pero que todo el mundo pueda entender como posible solución». De momento, el jueves pasado la alcaldesa y sus socios de gobierno estuvieron reunidos durante prácticamente toda la tarde fijando las líneas maestras de un documento en el que, además de la exigencia de los aparcamientos se incluirían otras demandas como el abono de los 700.000 euros que supuestamente aún no ha satisfecho a las arcas municipales por la enajenación de los terrenos.
Una propuesta que, aunque aún no hay fecha para presentarla, González espera que pueda estar redactada antes de que acabe este mes, ya que de ella depende también la conformación del nuevo pacto de gobierno tripartito.