Las personas interesadas en participar en el concurso de proyectos de 'Burgos Río', la gran apuesta de Ciudadanos para este mandato y una de las grandes líneas rojas que la formación naranja le puso al PSOE para sellar el acuerdo del Gobierno de coalición, deberán estar atentas a los cambios introducidos en las bases y a la nueva fecha límite de presentación recogidas en la nueva convocatoria publicada ayer en la plataforma de contratación del sector público.
Y es que el Ayuntamiento ha tenido que anular el primer concurso tras recibir un escrito del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla y León, en el que alertaba de que en las bases solo se permitía la participación de arquitectos y se excluía a estos profesionales «plenamente competentes para la redacción de proyectos como el del objeto del concurso». De este modo, se han cambiado las bases para abrir la convocatoria a profesionales de «cualquier titulación capacitados para ejecutar las prestaciones que constituyen el objeto del concurso».
Ello ha obligado a retrotraer todas las actuaciones al momento anterior a la aprobación de las bases y la consiguiente apertura de un nuevo plazo de presentación, dado que todavía no se ha publicado en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea).
El vicealcalde, Vicente Marañón, restó importancia a este hecho y mostró su deseo de que concurran un buen número de profesionales. «Aunque sea una modificación pequeña, se anula la convocatoria anterior y se publica de nuevo. Seleccionaremos un mínimo de 5 y un máximo de 8, que entrarán en una segunda fase y son los que tienen que presentar las ideas».
El concurso 'Burgos Río' supondrá un desembolso de casi 1,7 millones de euros sin que se llegue a mover ni una piedra: 300.000 euros para premios, 610.000 para el proyecto de ordenación y actuación, otros 270.000 para el proyecto de obras, 90.000 para la dirección de las obras, otros 90.000 para la dirección de las obras de urbanización, 27.000 euros para el estudio de seguridad y salud y otros 27.000 para la coordinación de la seguridad y salud de las actuaciones. Cantidades a las que hay que sumar otros casi 234.000 euros en concepto de IVA (...).
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