La Audiencia Provincial de Burgos juzgará en febrero a un sujeto de 63 años como presunto autor de varios delitos de abuso sexual a dos menores, primas entre sí y a la vez familia del acusado, ocurridos en Regumiel de la Sierra, en Quintanar y en Madrid en diferentes años y que fueron denunciados en 2020, cuando las afectadas reunieron «fuerzas suficientes» para ello, según el escrito de acusación. 

La Fiscalía interesa para el acusado un total de 18 años y un mes de prisión por 4 delitos, dos de ellos supuestamente cometidos cuando las niñas tenían menos de 13 años. Asimismo, requiere que en caso de ser condenado no se aproxime a las víctimas a menos de 500 metros ni se pueda comunicar con ellas por ningún medio.

Con la primera de las denunciantes, el acusado alquiló una casa para pasar unas vacaciones en 2009. Junto a su mujer y sus hijos acudió una sobrina, a la que supuestamente realizó tocamientos cuando se acostaba en 5 ocasiones durante los 15 días que pasó con ellos. La joven no tuvo «fuerzas suficientes» para denunciar hasta febrero de 2020, según el escrito del Ministerio Fiscal, en el que se refleja que padece estrés postraumático grave. Por delito de abuso continuado le reclama 3 años de prisión y otros 4 de alejamiento, así como 42.000 euros de indemnización, 12.000 por las secuelas y el resto por los daños morales.

En casa de la abuela. La segunda mujer acudió a la Comisaría de Burgos al día siguiente, para denunciar al mismo sujeto. Ella sitúa los primeros hechos en el verano de 2005 o 2006, cuando pasaba las vacaciones en la casa de su abuela en Regumiel y le tocó los pechos. Aunque eran primos segundos, ella veía «afectivamente» al acusado como su tío. Años después de este episodio, sufrió presuntamente otros dos delitos contra su libertad sexual, ya con más de 13 años, uno en un bar de Quintanar de la Sierra en 2011 o 2012, y el tercero y más grave, un año más tarde, durante una comida navideña familiar en un municipio de Madrid, en la que llegó a introducirle un dedo en la vagina.

Por estos tres delitos, la Fiscalía reclama 15 años y mes de prisión, además de la prohibición de contactar durante otros 11 años y una indemnización de 14.600 euros por los días de perjuicio personal y otros 40.000 por los daños morales.