El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, destacó hoy "la solvencia, vigor y fuerza" de la Universidad de Burgos, la más joven de las públicas de la Comunidad, a "la altura de las históricas" de Salamanca y Valladolid y de la más reciente de León, para afrontar su futuro.

Así lo expresó durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para exponer el informe "Análisis de la situación económico-financiera de la Universidad de Burgos y de sus entes dependientes", donde resaltó que "esta joven universidad", que en 2024 cumplirá 30 años, cuenta con 24 grados, 26 másteres, 11 títulos de doctorado y 20 títulos propios. 

"Casi todos los indicadores económico-financieros denotan solvencia y buena gestión", afirmó Amilivia, que reseñó un presupuesto constante de 60 millones, un remanente de tesorería y una disminución de su endeudamiento.

La auditoría de la UBU fue entregada a las Cortes el pasado 5 de diciembre, completándose con ella el ciclo de fiscalizaciones de las 4 universidades públicas de Castilla y León, una vez que estas dejaron de formar parte desde 2016 de la Cuenta General de la Comunidad.

Según el informe, la ejecución presupuestaria presentó una media del 94,06 por ciento en el periodo analizado (2017-2020), situándose todos los años la realización de pagos por encima del 97 por ciento, lo que significa que la UBU carece de problemas de control de pagos y de tesorería.

El resultado presupuestario de 2020 alcanzó los 2,07 millones de euros, pasándose de tener déficit los dos primeros ejercicios a presentar superávit en los dos siguientes, siendo 2020 el ejercicio con mejor resultado de todo el periodo, destacó Amilivia, que señaló un endeudamiento a la baja, cifrado ahora en 1,17 millones. 

Entre las cuatro recomendaciones, están valorar si el servicio de auditoría interna cuenta con una adecuada dotación de recursos para el cumplimiento de los fines del control interno y acelerar todo lo posible el proceso de elaboración y discusión de su presupuesto, sin necesidad de prórrogas automáticas.

También, debe aumentar el grado de ejecución de los distintos capítulos del presupuesto, sobre todo de las operaciones de capital -inversiones reales-, así como vigilar y en su caso corregir el comportamiento de algunas magnitudes de gasto corriente en bienes y servicios. Igualmente, utilizar el excedente de tesorería que contribuyan a mejorar la rentabilidad.

Financiación. Jesús Guerrero (PSOE) certificó que la Universidad de Burgos en el periodo fiscalizado muestra "una actitud positiva" cuando es la universidad pública más joven de Castilla y León, pero es "moderna, cercana a Burgos y bien gestionada". De las recomendaciones, calificó de "lógicas" que se pida más control interno, presupuestos en plazo o aumento de las inversiones reales.
Igualmente, constató la falta de un sistema de financiación estable de las universidades públicas, que "provoca desajustes", y reseñó que la financiación propia de la UBU es del 19 por ciento, pero se reduce en el 20,62 por ciento debido a la minoración de las tasas, aunque añadió que éstas están aun lejos de las subidas de hace once años.

El socialista aprovechó la comparecencia para reivindicar el desarrollo del modelo de financiación recogido en la ley de Universidades de Castilla y León de 2003, en la que se contempla una financiación básica -cien por cien de la plantilla- competitiva y singular.

Inmaculada Ranedo (PP) se refirió a la ausencia de una programación plurianual, como recoge el informe, pero aprobó un plan estratégico y subrayó "el esfuerzo" financiero de la Junta y en la reducción de las tasas, "que son de las más competitivas". También, destacó la solvencia "más que clara" de la UBU por su equilibrio financiero, a la vez que respaldó que los presupuestos se aprueben en su plazo. "El balance económico y financiero es positivo", resumió. 

La popular destacó que la UBU está inmersa en un proceso de crecimiento con su extensión a un campus en Miranda de Ebro con un grado de ingeniería, pero se detuvo en su intervención para expresar el pesar de su grupo por algunos contenidos de la nueva ley estatal de universidades. 

José Ramón García (UPL-Soria Ya), que señaló en este caso que se han producido alegaciones por el interventor general de la Comunidad, observó "altibajos" en el sistema financiero de "esta universidad", reseñó que los presupuestos se aprueban fuera de plazo, como en la Universidad de León, y valoró la tendencia creciente en la ejecución presupuestaria y que se minore su endeudamiento. "Funciona bastante bien", resumió.

José Antonio Palomo (Vox) se refirió a que la prórroga de los presupuestos parecen ser habituales en las universidades públicas de la Comunidad, destacó que se reduzca la deuda financiera, resaltó los índices de solvencia y expresó su acuerdo con las recomendaciones, en especial con las de control interno.

En su respuesta a los grupos, el presidente del Consejo de Cuentas agradeció el consenso en torno a las universidades públicas de Castilla y León como herramienta fundamental para el futuro de esta tierra y calificó de "legal" la prórroga del presupuesto sin que haya "indefensión", aunque reconoció que "no es deseable ni aconsejable" que su aprobación no se realice en plazo.

"Sería deseable el desarrollo de la ley, que no es de la Junta, sino de todos", manifestó Amilivia, que se refirió a completar los tres tramos recogidos en la norma o bien ir a unos contratos programa, como exigieron, en particular, los portavoces socialista y de UPL-Soria Ya en la comisión.