En una nueva vuelta de tuerca del que puede denominarse ya como ‘Caso de las retribuciones de los funcionarios’, surgido cuando en 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló parte de las subidas salariales acordadas para algo más de 150 trabajadores municipales durante el periodo 2000-2002 en una sentencia que fue ratificada cinco años después por el Tribunal Supremo, el Ayuntamiento exigirá únicamente los sobresueldos cobrados de más en el trienio que va de 2000 a 2002.
Así lo confirmó ayer la alcaldesa de Aranda, Raquel González, tras la junta de portavoces en la que hizo entrega del auto emitido por el TSJCyL para resolver el incidente de ejecución planteado por el Ayuntamiento, en el que insta a la ejecución inmediata de la sentencia, y en la que les dio a conocer el informe elaborado al respecto por el Letrado Mayor del Ayuntamiento.
Es en este segundo documento, según señaló la regidora, en el que se basa esta decisión, que deberá ser informada previamente en Comisión de Personal para, a continuación, ser llevada a su aprobación en un pleno extraordinario. El asesor jurídico del Consistorio, en una interpretación estricta del fallo, y amparándose en las recomendaciones del último auto judicial recogidas en su fundamento de derecho número tres, entiende que éste se refiere únicamente a las retribuciones realizadas en esos tres ejercicios.
Por ello, aboga por que, partiendo de los salarios de 1999, se calculen qué cantidades se pagaron por encima de los incrementos legales establecidos en 2000, 2001 y 2002, se retraigan de los emolumentos de los funcionarios afectados en los plazos que se consideren oportunos y se exija su devolución. «La sentencia nos dice a 2000, 2001 y 2002 y las sentencias se deben cumplir en sus estrictos términos, y eso es lo que nos ha venido a manifestar el Letrado Mayor en su informe», subrayó la primera edil.
El documento, sin embargo, no hace alusión al fundamento cuarto, en el que se especifica que se tiene que hacer efectiva la reducción respecto a 1999, que «será la base de incrementos o disposiciones futuras» y tendrá que exigir el reintegro de «posibles legalizaciones posteriores si existieron». En este sentido, González consideró que a partir de 2003 ha habido otros presupuestos y disposiciones municipales que recogían estos incrementos y no fueron recurridos en su momento, lo que, a su juicio, les otorga carta de naturaleza, convirtiéndolos en derechos adquiridos. «Desde el año 2002 se han aprobado una serie de presupuestos y documentos en este Ayuntamiento y se han convertido en derechos reconocidos algunas de las percepciones cobradas por los trabajadores, que no han sido recurridas cada vez que eran aprobadas por un presupuesto, una relación de puestos de trabajo o una plantilla», puntualizó González, quien no descartó que si se hubieran recurrido, se hubieran anulado con las de los años anteriores.
La alcaldesa indicó que tendrán que ser ahora los Servicios de Tesorería y Recaudación los que determinen en qué forma se deben reintegrar las cantidades pagadas de más y cuántos trabajadores, sin importar si han dejado de ser personal del Consistorio arandino por traslado, por jubilación o, incluso, por fallecimiento.
REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD
Una cantidad que aseguró desconocer pero que, a todas luces, será muy inferior de los más de 2,5 millones de euros que arrojó el único cálculo al respecto que se realizó en 2009, tomando como base todo el periodo transcurrido desde que empezó a aplicarse el incremento salarial, en 2000, y no únicamente en los tres ejercicios iniciales, como se pretende ahora.
Asimismo, advirtió que, una vez que se disponga de esa información, la Corporación en pleno deberá adoptar un nuevo acuerdo donde se contemplen de manera individualizada los montantes que cada uno de los trabajadores beneficiados por las subidas salariales pactadas para ese trienio debe devolver. De esta manera, «si encuentra que su derecho ha sido vulnerado en algún modo», cada uno de los afectados podrá acudir, también de individualmente, al procedimiento pertinente.