El aumento de las retribuciones que cobran los abogados de oficio en el territorio dependiente del Ministerio -Castilla y León lo es- para igualarlos a los de las regiones con competencias transferidas es una reivindicación histórica de estos profesionales, pero no la única y quizá no la más importante. La reforma de la Ley de Justicia Gratuita, que no tendrá lugar en el corto plazo, deberá establecer «un pago universal» para los letrados, más allá de si finalmente al ciudadano le reconocen su derecho a tener abogado de oficio, señaló ayer Antonio Morán, decano del Colegio de Zaragoza y presidente de la Comisión del Consejo de la Abogacía  sobre Asistencia Gratuita.  

Con la actual legislación, explicó, el Estado «carga en el abogado la persecución» de quienes presentaron solicitud para no pagar por su defensa y finalmente les fue denegada por no reunir los requisitos para ser beneficiarios. En opinión de Morán, y de toda la profesión, el Ministerio de Justicia debe abonar los emolumentos completos a todos los abogados que llevan un caso de justicia gratuita y que sea la Administración la que después pida cuentas a aquellos ciudadanos cuyas peticiones son rechazadas, algo que siempre sucede después de que un procedimiento judicial haya concluido. «Esa obligación de proporcionar justicia gratuita es del Estado, que delega esa misión en los abogados, a quienes no debería corresponder la responsabilidad de perseguir a quienes finalmente no son acreedores del derecho», resumió.

En una mesa de debate en la que participaron Luis Nieto, consejero del Consejo General de la Abogacía; Sonsoles Jiménez, decana del Colegio de Ávila, y el juez Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, quedó claro que es necesaria una reforma de la Ley de Justicia Gratuita que también tenga en cuenta el incremento continuo de los costes que soportan los colegios de abogados -sobre todo los pequeños y medianos- a causa del aumento de trámites que conlleva la gestión del turno de oficio. Asimismo, señaló Jiménez, es necesario que los colegios tengan acceso a todos los datos fiscales de los solicitantes para valorar con agilidad si pueden ser beneficiarios de justicia gratuita.