Comienza el curso, y, como cada año, la elevada movilidad del profesorado entre los diferentes centros educativos. Esto, en el ámbito de la educación pública, es una situación habitual, en unos casos motivada por la voluntariedad del docente, funcionario de carrera, en el concurso de traslados, y, en otros casos impuesta, ante la necesidad del profesorado interino que desea trabajar. En cualquier caso, estos procesos conllevan unas implicaciones logísticas, profesionales y personales sobre las que es necesario reflexionar. Sin entrar a fondo en el porcentaje de profesorado interino existente en nuestro país, todavía muy elevado pese a las últimas convocatorias de estabilización, la forma en la que se gestionan estos procesos desde las administraciones públicas merece, entre otras muchas cosas, sensibilidad. Más allá de las calificaciones, baremaciones y posiciones finales en las listas de interinos, los docentes de la escuela pública son personas, no números, con todo lo que ello conlleva. Es cierto que el que oposita sabe a lo que se expone, pero esto no debe de suponer que los procesos administrativos no se regulen con 'tacto' y humanidad. Esto tiene unas consecuencias que, además de afectar al profesorado, implican directamente al alumnado. 

Por poner un ejemplo, en este curso académico las vacantes (destinos para un curso completo) no se han publicado hasta escasa una semana para el comienzo de las clases, por lo que el profesorado ha tenido los días contados para buscar piso y gestionar su vida, por no hablar de todo el cambio que supone si se tienen hijos, claro. Pensemos que, en comunidades autónomas como Castilla y León, la distancia por ejemplo entre Ponferrada y Arcos de Jalón (provincia de Soria) es de unos 500 kilómetros. Y esto sucede con las vacantes, ya que con las sustituciones el tiempo todavía es menor, incluso ya con el curso comenzado. La cuestión es: ¿de verdad que la administración no tiene capacidad para publicar los destinos con más margen temporal cuando la oposición finaliza normalmente en la tercera semana de julio? ¿Tenemos que normalizar que la primera semana de clase (incluso las dos) el alumnado esté sin profesor? Y la más importante: ¿se pretende aspirar a la calidad educativa cuando no se cuidan los detalles humanos más básicos? De hecho, en muchos casos se produce una situación todavía más alarmante, y es la oferta de 'sustituciones' en lugar de vacantes para todo el curso. ¿La razón?, parece clara, no pagar el verano. 

Todo esto, asumido, irremediablemente, por parte del profesorado de la escuela pública, no solamente supone una afectación al ámbito personal, sino también al profesional. Basta hablar unos minutos con docentes que lleva siendo interinos varios años para comprobar la tensión, la angustia y el perjuicio psicológico que les supone, ya no solamente opositar, sino todo lo que viene después. Todos los que hemos pasado por ello lo sabemos. Eso sí, luego se pretende alcanzar la tan ansiada calidad educativa, escuchando a las 'esferas políticas' vanagloriarse de los buenos resultados obtenidos en los resultados PISA y agradeciendo el trabajo realizado al profesorado. Si en lugar de esta palmadita en la espalda al docente (que de nada le sirve) se atendiera a lo que realmente le concierne en su vida personal y profesional, se ganaría en salud mental, en bienestar psicológico, en calidad de la docencia y en el aprendizaje del alumnado. Sirva este texto para ensalzar, una vez más, la capacidad de adaptación constante del profesorado, en este caso de la educación pública.