La Concejalía de Personal del Ayuntamiento de Burgos tiene pensado abrir un expediente de información reservada que servirá para determinar si se inicia un procedimiento disciplinario contra la técnico responsable de Protección Civil, Angélica Manrique, después de que el Juzgado de lo Contencioso diera la razón al Ayuntamiento a finales del año pasado y dictaminara que la empleada municipal no podía compatibilizar su trabajo en el Consistorio con la docencia en la Universidad Isabel I.

Aquella sentencia hacía referencia a la Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas y dejaba constancia de que «le guste o no a las codemandadas, sea la norma antigua o no», lo que «establece es un régimen distinto para las actividades privadas y las públicas». Una afirmación que realiza el juzgado para desechar el argumento de Manrique, que venía a considerar que «una universidad privada debe de considerarse igual que la pública por analogía, por motivos como la libertad de cátedra y otros ajenos a esta cuestión. No obstante, esta interpretación no puede ser aceptada porque se está realizando una interpretación analógica interesada, innecesaria y contra leguem», detalló el falló.

Por su parte, el artículo 95 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en el que se recogen las faltas disciplinarias, tipifica como muy grave «el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad».

Lo que estaría por ver es si tras la apertura del expediente se interpreta que se ha podido cometer una infracción de este tipo. Y aquí parece que cabe desde el apercibimiento hasta la separación del servicio (...).

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