La factura mensual de prestaciones alcanza los 11,4 millones de euros, 3,5 de ellos destinados a cubrir los subsidios para 4.636 desempleados de larga duración -muchos de ellos mayores de 55 años- y la Renta Activa de Inserción, para otros 459.

El 75% de los desempleados de la provincia perciben mensualmente una cantidad de dinero del Estado que, en mayor o menor medida, intenta compensar la pérdida de un salario. El pasado mes de mayo, último dato facilitado por el Servicio  Público de Empleo Estatal (SEPE), fueron 9.847 los beneficiarios, que sumaron un gasto mensual de 11,4 millones de euros, cantidad que se eleva hasta los casi 140 millones si se contempla el conjunto del pasado año.

Tras la debacle de la pandemia, donde se llegaron a pagar hasta 244 millones anuales en prestaciones y subsidios en Burgos a los parados afectados por los confinamientos de 2020, el mercado laboral provincial lleva seis meses presentando claros síntomas de crecimiento (13.759 parados en junio, la cifra más baja desde julio de 2008) y aumentando el número de contratos estables.

Incluso hay sectores productivos que se acercan al pleno empleo, como la industria, y la gran mayoría de ellos expresan sus crecientes dificultades para cubrir sus vacantes o atender nuevos proyectos. Según sus reiteradas denuncias, hay un déficit creciente de miles de trabajadores en la industria, la construcción, la hostelería y en buena parte de los servicios.

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