La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, ha cargado con gran dureza esta mañana contra el bipartito tras conocer que la Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy el plan de seguridad y salud del contrato para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), conocido popularmente como el 'Burgos Central'. La edil popular ha denunciado esta aprobación sin la existencia, según ha asegurado, del preceptivo estudio de seguridad y salud, que debe de servir de base para la aprobación del posterior plan.

Ya el PP presentó un recurso ante la ausencia en el proyecto de este estudio y hoy ha anunciado que presentarán un recurso extraodinario de revisión. En el caso de que la respuesta a ese recurso no llegue o sea negativa, lo que harán es acudir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Y no solo eso, pondrán en conocimiento del Ministerio del que parten las ayudas para implantar la ZBE las "irregularidades e ilegalidades" que se están cometiendo en este procedimiento. De la misma manera, pondrán en conocimiento de la Inspección de Trabajo la falta del estudio de seguridad. "¿Dónde están los sindicatos?", se ha preguntado también Blasco sorprendida por el desinterés de estos ante el hecho de que se pudiera "poner en riesgo la salud de los trabajadores".

Blasco ha manifestado que lo que está sucediendo con este procedimiento es "corrupción municipal" y ha afirmado que ya se ha tomado este asunto desde el plano "personal" y ha prometido llegar hasta el final porque "no voy a permitir pelotazos de este tipo delante de mis narices".

La portavoz popular no se explica cómo se llegó a aprobar el proyecto sin contar con una ordenanza aprobada por el Pleno y en la que se deberían de definir las zonas de aplicación del llamado 'Burgos Central'. Sin embargo, lo que se ha hecho es contratar ya a una empresa a la que se le pagará alrededor de 3 millones de euros por la implantación de las ZBE.

Blasco no se explica cómo el propio alcalde, Daniel de la Rosa, ha llegado a afirmar que la ZBE no se va a llegar a aplicar en una ciudad como Burgos y sin embargo decidan gastarse tres millones de euros en la implantación.