Había sido hasta entonces la entidad de referencia de los cuidados y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la provincia de Burgos. Era la más veterana, la más exitosa, la más innovadora y la más respetada, pero a finales de 2019 los rumores a su alrededor eran también los más insistentes: las cosas no iban bien, se hablaba de graves problemas económicos, de intenciones de despidos, de descuidos y falta de recursos a la hora de atender a los usuarios y los sindicatos habían hecho visible parte de este malestar en la calle. En la asamblea de diciembre de ese año varias familias preguntan por las cuentas, la dirección da largas y un grupo de ellas contactan entre sí y comienzan a recoger otros apoyos. Se establece una línea crítica que toma por nombre Aspanias Cambia e insiste en conocer los números sin obtener respuesta. El 18 de febrero de 2020 el entonces gerente, José María Ibáñez, reconoce en este periódico que se están preparando 70 despidos, en su mayoría de personas con discapacidad, que se están buscando créditos por valor de casi tres millones de euros y define los resultados económicos de 2019 como «catastróficos».
Menos de un mes después el mundo se paraliza por la pandemia pero las familias incómodas con la situación de Aspanias siguen en contacto reuniendo cada vez más pruebas sobre el mal estado de la organización. Hay, incluso, denuncias en los juzgados contra los directivos (que luego fueron archivadas), sanciones de Servicios Sociales tras varias inspecciones por el estado de los centros y, sobre todo, llamamientos a las instituciones para que intervengan e impidan que la estructura que cuida a un millar de usuarios no se venga abajo. La directiva se niega a dimitir y a convocar elecciones y los problemas se enquistan, pero unas declaraciones en DB de la consejera de Familia, Isabel Blanco en marzo de 2021, evidencian la postura de la Junta y el hecho de que no hay marcha atrás: «Una entidad que gestiona mal como Aspanias no puede tener de rehenes a familias y trabajadores», dijo.
La Junta y el Ayuntamiento se ponen en marcha, intermedian -también lo hicieron FAE y el sindicato CCOO durante mucho tiempo-, se insta a la directiva a que tomen decisiones, entre ellas, las elecciones, para lo que aún pasaría un año. Es en 2022 cuando ocurre y también cuando Aspanias es intervenida por Plena Inclusión, la federación en la que están incluidas todas las asociaciones provinciales de personas con discapacidad intelectual. «Eso nos salvó», reconocen sin dudar los actuales gestores, que siguen siendo extremadamente prudentes sobre el futuro de la entidad.
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