Una de las grandes luchas de la Junta de Castilla y León parece que se pone de cara. La Comisión Europea se abre ahora a relajar las normativas comunitarias de protección del lobo ante el aumento de ataques al ganado tal y como venía exigiendo Castilla y León desde hace meses. Para ello está recabando información para evaluar si supone un «peligro real» para el ganado y la población local y decidir así si es necesario revisar las normas que regulan la protección de este animal. «Es un buen día para la ganadería de Castilla y León y para la protección de los ecosistemas y la protección del lobo». El consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, celebró la decisión europea, y recordó que entronca con las reivindicaciones que la Comunidad viene realizando sobre la gestión del animal, y que le llevó en septiembre del pasado año, junto a sus homólogos de Galicia, Asturias y Cantabria, a reunirse con el comisario europeo del ramo, Virginijus Sinkevicius, para informarle sobre la que consideran una incorrecta gestión estatal del lobo en sus territorios. «La Comisión Europea ha tomado una decisión muy importante. Europa lleva preocupada por los daños del lobo a la ganadería el incremento de su población».
La propia jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, aseguró ayer que la concentración de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un «peligro real» para el ganado y, potencialmente, también para los seres humanos, a la vez que ha instado a las autoridades locales y nacionales a que tomen medidas cuando sea necesario y recuerda que la legislación vigente de la UE ya les permite hacerlo. «La concentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un verdadero peligro para el ganado y potencialmente también para los seres humanos», declaró Von der Leyen en un comunicado.
El Ejecutivo comunitario, que hasta ahora había defendido la idoneidad de la protección reforzada para el «Canis lupus», inauguró así «una nueva fase» en la gestión del lobo, para lo que habilitó un sistema para que las partes interesadas puedan presentar antes del 22 de septiembre datos actualizados «sobre la población de lobos y sus impactos». A partir de los datos recogidos, la Comisión decidirá sobre una propuesta para modificar, en su caso, el estatuto de protección del lobo en la UE y actualizar el marco jurídico a fin de introducir, en caso necesario, una mayor flexibilidad, a la luz de la evolución de esta especie.
Consulta pública a la que la Junta avisa que acudirá. «Castilla y León desde luego va a estar recabando y aportando los datos necesarios para conseguir la flexibilización de la normativa europea de la gestión del lobo», explicó Suárez-Quiñones, que arremetió contra el Gobierno central, al que acusó de ir «en dirección contraria a Europa». «Nos quitó las facultades para gestionar el lobo, que es lo que quiere Europa que se establezca para toda Europa». Y recordó que esta medida de España «ha roto el equilibro entre la conservación de la especie y las actividades económicas del mundo rural».
Por su parte, el coordinador de UCCL en Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, no ocultó su satisfacción ante el anuncio, algo que considera «un cambio muy importante» y quizá la constatación de que se han dado cuenta de que «se han pasado de frenada» al declararla especie no cinegética.