Cuando se acaban de cumplir seis años desde que el Tribunal Supremo confiriera carácter definitivo a la sentencia que anuló el acuerdo regulador de las condiciones económicas, sociales y profesionales y sindicales de aplicación al personal funcionario municipal para los años 2000, 2001 y 2002 en lo referente al incremento del nivel de complemento de destino de varios puestos de trabajo y el abono de complementos específicos para prácticamente todos los funcionarios, así como incentivos por jubilaciones anticipadas, por haberse superado los porcentajes máximos -el 2%- que se fijaron en los Presupuestos Generales del Estado, y un trimestre después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León remitiera un comunicado al Ayuntamiento instándole a que se adoptaran las decisiones necesarias para cumplir el fallo, el equipo de gobierno arandino parece dispuesto a coger el toro por los cuernos y hacerlo efectivo.
Hasta tal punto que, tras las primeras reuniones mantenidas en el mes de diciembre entre los responsables municipales de Personal y representantes de los trabajadores, la alcaldesa, Raquel González, confía en que todo el proceso pueda quedar resuelto a lo largo del primer trimestre del año. «Me gustaría tenerlo zanjado entre enero y febrero, aunque por no equivocarnos, espero que se resuelva a lo largo de los tres primeros meses de 2014», indicó González, quien aseguró que no son solo los representantes políticos los que están deseando resolver esta situación, sino que varios trabajadores municipales le han transmitido su disposición a dar solución a una realidad que se arrastra desde hace más de una década, generándoles numerosos quebraderos de cabeza.
El cumplimiento de la sentencia afectará a alrededor de 120 funcionarios de los que están en activo en la actualidad. Una cifra a la que habrá que sumar la de aquellos trabajadores que se han jubilado, han fallecido o se han trasladado a ejercer sus funciones a otro centro de trabajo. Tal y como se dio a conocer en su momento, en base a un informe elaborado por el letrado mayor (por cierto, afectado también por la sentencia), se aplicará una interpretación restrictiva de la misma por la que se exigirá solo la devolución de los subresueldos cobrados durante los tres años de vigencia del convenio, entre 2000 y 2002. A partir de entonces, se considera que las subidas aplicadas corresponden a derechos adquiridos ya que no se recurrieron específicamente.
Esta explicación provocó que, de los más de tres millones de deuda que se habrían acumulado en los 13 años transcurridos desde que empezara a aplicarse el acuerdo anulado -en noviembre de 2010 se fijaba en más de 2,8 millones de euros- hayan quedado reducidos a algo menos de 460.000 euros.
El equipo de gobierno ha puesto sobre la mesa, basándose en las directrices que marca la Ley General Tributaria, dos posibilidades a las que podrán acogerse los funcionarios afectados por el fallo. En primer lugar, propone que se retenga un porcentaje de las nóminas mensuales durante el tiempo suficiente para satisfacer la ‘deuda’ contraída con las arcas municipales. Asimismo, también se ha abierto la posibilidad de que sean los propios trabajadores los que decidan realizar el desembolso en metálico en distintos plazos o, incluso, en un solo pago. «El objeto es poder llegar a un entendimiento para que se les haga lo más fácil posible la devolución», subrayó la regidora.
En cualquier caso, advirtió de que primero habrá que proceder a notificar a cada uno de los empleados municipales afectados el montante económico que se prevé que debe reintegrar al Ayuntamiento para que lo estudien y puedan presentar, si así lo requieren, las correspondientes alegaciones. No será hasta entonces cuando se proceda a la devolución.